EN CHILE NO HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El duopolio El Mercurio-La Tercera controla la prensa escrita
Dos empresas monopolizan la prensa escrita en Chile. Hubo "más libertad de expresión" durante los últimos años de dictadura militar, con dos diarios de oposición -Fortín Mapocho y La Epoca- y numerosas revistas, que en la "transición a la democracia" administrada desde 1990 por tres gobiernos sucesivos de la Concertación, la coalición demócratacristiana - socialdemócrata que negoció el término del régimen castrense con los mismos sectores de la sociedad que impusieron a los militares con el golpe de 1973.
Prensa UTPBA
21/01/2004

El Siglo, órgano tradicional del partido Comunista que en sus mejores tiempos fue un rotativo de circulación nacional, hasta 1973 en Chile.
Fuente: elsiglo.cl

Los conglomerados mediáticos que individualizan El Mercurio y La Tercera, sus diarios insignia de circulación nacional, son los grandes portavoces ideológicos del modelo económico en boga, sustentado con gran entusiasmo por sus respectivos propietarios, Agustín Edwards Eastman y el banquero Alvaro Saieh Bendeck, al unísono con todo el mundo empresarial y la mayoría de la clase política.

El duopolio de la prensa escrita -además- pone diariamente en circulación centenares de toneladas de papel transformado en revistas, publicaciones deportivas y de farándula, insertos comerciales, diarios en jerga popular (La Cuarta) y una quincena de órganos regionales de gran influencia cotidiana, formadores de opinión en las ciudades más importantes.

¿Quién es quién en los diarios?

En el pasado reciente, Edwards encabezó un poderoso grupo económico con algún liderazgo en los sectores financiero (Banco de Agustín Edwards) y servicios (bebidas gaseosas y cerveza), pero su conglomerado -curiosamente- colapsó durante la dictadura. Un generoso salvavidas financiero del Estado, es decir, con cargo a todos los contribuyentes chilenos, le permitió salvar la rama mediática. Desde entonces está concentrado, casi exclusivamente, en impartir a diario su "sabia orientación" a la clase política y a la opinión pública general. "Casi exclusivamente", porque también ejerce una vocación político-policíaca a través de su organización Paz Ciudadana, consultora del ministerio del Interior en temas de represión a la delincuencia.

Saieh, que durante el régimen castrense sólo era un académico en economía, decano de la Universidad de Chile, derivó en banquero y propietario del holding Consorcio Periodístico de Chile S.A (Copesa). El conglomerado también fue auxiliado en su quiebra inminente por el generoso Estado, esta vez durante el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el primero de la Concertación por la Democracia, la alianza que lleva 12 años administrando -al parecer con más eficacia que los uniformados- el modelo económico de sociedad impuesto por las Fuerzas Armadas. Saieh también controla CorpBanca, organización financiera con ramificaciones importantes en Venezuela y -menores- en Argentina, a través de su participación -mínima- en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Sigue cultivando la vena académica, ahora con universidad propia, la Andrés Bello (10.700 alumnos)

¿De adónde pecatas meas?

En los últimos 12 años, Chile -15 millones de habitantes- gastó un promedio anual de US$ 500 millones en publicidad en medios de comunicación (televisión, prensa de papel y radio), US$ 33,3 por habitante, según el informe de Guillermo Torres Gaona, presidente del Colegio de Periodistas, ante el Coloquio El Temor a la Libertad de Expresión, convocado esta semana por esa organización. Los medios escritos absorbieron cada año US$ 220 millones, o sea, el 44% del gasto. El Mercurio y Copesa devoraron el 86%, US$ 190 millones.

La mayor parte de "la torta" benefició a los "cuatro grandes" de la televisión, cuya señal llega a todo el país. Canal 13 pertenece al Vaticano, a través de la Pontificia Universidad Católica, de orientación conservadora. Televisión Nacional de Chile (TVN) es propiedad del Estado, por lo tanto está controlada por la Concertación, en este caso con hegemonía DC, pero la maneja un directorio "de consenso" con predominio interno de los grandes grupos económicos y los dos partidos de derecha (Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional), sustitutos del pinochetismo, cadáver que abandonaron con insólita celeridad.

Megavisión es de Ricardo Claro Valdés, jefe del quinto grupo económico del país, vinculado con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica y censor implacable de contenidos, en especial de las películas programadas en su red de cable Metrópolis Intercom. Además, posee El Diario, cotidiano especializado en economía y negocios. Chilevisión, el cuarto gran canal de sintonía nacional, fue vendido por la Universidad de Chile a Claxon Interactive Group, cuyos hilos conduce el venezolano Gustavo Cisneros Rendiles, el hombre más rico de América del Sur, controlador de un conglomerado mediático continental, en alianza con American On Line (AOL), dueño de Venevisión de Caracas -sede informal "de gobierno" durante el efímero golpe del 11 de abril de 2002- y de Univisión, la cadena hispana más poderosa de Estados Unidos, entre muchísimos otros negocios. Probablemente, por la naturaleza de su propiedad y la filiación de extrema derecha de Cisneros, Chilevisión exhibe mayor independencia que los demás canales ante el gobierno, pero no respecto de los poderosos grupos económicos que controlan el país y, obviamente, tergiversa todo lo que ocurre en Venezuela. En Chile posee, además, 8 radioemisoras dedicadas al negocio de la música, sin noticias.

El lado flaco del embudo

Otras 16 pequeñas estaciones regionales de TV acceden a un pequeño pedazo de "la torta". Las migajas se las disputan 1.200 emisoras de radio, que siguen siendo el medio más atendido por el público después de la tele. La prensa escrita llega sólo a un quinto de la población interesada en los medios. El Estado también tiene una cuota de responsabilidad, aunque su gasto anual en publicidad en 2002 ascendió a sólo US$ 18 millones, un 3,6% de los US$ 500 millones globales. Pero el 70% de ese gasto gubernamental fue absorbido por el dúo El Mercurio y La Tercera.

La estructura de la propiedad de los medios y su manejo ideologizado someten al país a una suerte de monoteísmo obligatorio, con una sola voz, una sola opinión, un solo culto. Como en el culto al Becerro de Oro, la adoración casi totalitaria al modelo no tolera críticas, por leves que sean. Asimismo, los grandes intereses que sustentan a los medios deciden qué es noticia y qué debe someterse o no al debate público. Se ignoran grandes temas cruciales, como es la situación del cobre, el principal recurso natural, nacionalizado por los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossen, y ahora de nuevo propiedad de corporaciones extranjeras en 70%, aunque a diferencia del pasado las transnacionales hoy ni siquiera tributan por llevárselo y han provocado una sobreproducción mundial que hizo caer los precios internacionales en perjuicio del 30% del metal nacionalizado que aún explota el Estado. Los temas sociales, los conflictos de los trabajadores y prácticamente todas las huelgas tampoco constituyen "noticia" y, por lo tanto, están ausentes de los medios.

Radios "alternativas"

En la otra cara de la medalla están los medios llamados "alternativos", que no responden al gran capital. Es una reedición del mito de David y Goliath. También recuerda al Sísifo de la mitología griega. Sólo tres radioemisoras de alcance metropolitano (Santiago y sus alrededores, o sea, 6,4 millones de habitantes) emiten noticias y programas de discusión con intercambio de ideas utilizando un criterio distinto al de los grandes medios, la mayoría en la banda amplitud modulada, AM (la más oída es la FM): Radio Nuevo Mundo, del partido Comunista; Radio Tierra, de una corporación de mujeres; y Radio Universidad de Chile (FM).

Entre las grandes radios de sintonía nacional especializadas en noticias y opinión plural, un periodismo que toma en cuenta a todos los protagonistas de la "noticia", sobreviven Cooperativa, de gran importancia durante la lucha contra la dictadura, controlada por el co-gobernante partido Demócrata Cristiano, y Radio Bío Bío, cuyos contenidos más críticos suelen cumplir su eslogan "Somos independientes, independientes de verdad", aunque frecuentemente utiliza el sustantivo "antisociales" como sinónimo de "indígenas" en el tratamiento del conflicto mapuche, que enfrenta a las grandes empresas eléctricas y madereras -además de terrófagas- con los habitantes naturales de la Araucanía.

La "otredad" es débil

Entre los "otros" medios impresos, los "alternativos", con una postura crítica desde posiciones progresistas, descuellan el quincenario independiente The Clinic, el de mayor circulación, con 60 mil ejemplares. Con tirajes de alrededor de 10 mil copias le siguen le siguen las revistas Punto Final, heroica publicación de izquierda que nació en los años 60; El Periodista, influida por sectores "izquierdistas" del partido Socialista -ambas de aparición bimensual-; y el mensuario Le Monde Diplomatique, que reproduce la edición argentina más algunas página locales con el editorial, comentarios de libros y actividades del capítulo de Attac.

También existen los semanarios Siete+7, de orientación demócrata cristiana y gobiernista; La Firme, 13 mil ejemplares de una clara posición de izquierda y anti-neoliberalismo; y El Siglo, órgano tradicional del partido Comunista que en sus mejores tiempos fue un rotativo de circulación nacional, hasta 1973.

Excepto Siete+7, ninguna de estas publicaciones disfruta de ingresos por publicidad. A la hora de distribuir avisos, no son tomadas en cuenta por las agencias que manejan la publicidad de los sectores empresarial y gubernamental, cuyo criterio discriminatorio no responde a las cifras de circulación. Como no existe equidad en la distribución de publicidad, estos medios alternativos -en el fondo, pequeñas empresas periodísticas- subsisten en difíciles condiciones.

La libertad de expresión en Chile también está condicionada por los resultados económicos. Recientemente desapareció el mensuario La Huella, después de un año exacto de excelente circulación. Y es que la venta en kioscos, salvo en el caso de The Clinic, no cubre los costos de estas fuentes de trabajo para los periodistas. Para Guillermo Torres Gaona, presidente del Colegio de Periodistas, "la plena vigencia de la libertad de expresión, respecto al ejercicio del periodismo y las libertades de información y opinión, encuentra uno de los principales obstáculos en la estructura de propiedad de los medios de comunicación". "En el caso de la prensa escrita -formadora de opinión- los dos oligopolios (El Mercurio y Copesa) condicionan las pautas temáticas, imponen un sistema que restringe el pluralismo y limita el derecho de todos a la libre información, dijo.

Hacia el Estatuto del Periodista

La libertad de expresión en Chile no es un tema de interés exclusivo para los periodistas y propietarios de medios -más bien compete a toda la sociedad, incluidas sus organizaciones-, pero los trabajadores de la información constituyen el eslabón más vulnerable. "Los periodistas, como consecuencia de este sistema, perciben bajos salarios y se desempeñan en condiciones laborales estresantes", afirmó Torres Gaona. La mayoría subsiste con empleos precarios -a honorarios o a "destajo"-, sin vínculo laboral con prestaciones sociales, y con régimen part-time, huérfanos de derechos previsionales y sociales. "Es por ello que el Colegio de Periodistas está planteando la formulación estratégica de asegurar derechos y garantías a través de un Estatuto del Periodista", dijo Torres.

En Chile prácticamente no existen limitaciones "jurídicas" a la libertad de expresión, salvo algunas disposiciones trasnochadas que todavía subsisten en los códigos Militar y de Procedimiento Penal, relativamente fáciles de abolir si existiera voluntad política. Un obstáculo más grave es la conducta de los poderes públicos -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- que durante 2002 limitaron el libre acceso de todos los medios a las fuentes informativas. Los Tribunales de Justicia establecieron en dos oportunidades propuestas de condena atentatorias a los tratados internacionales sobre libertad de expresión suscritos por este país.

Las limitaciones a la libertad de expresión persisten en Chile pese a que en 2002 se eliminó la censura y el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto para derogar leyes de "desacato" que penalizan las críticas a las autoridades públicas, indicó Torres.

Por Ernesto Carmona, especial para el Observatorio-UTPBA.




Leer mas sobre
Artículos relacionados