CONVENIO DE TRABAJO
Paliativo para el trabajador rural
Recientemente se firmó en Avellaneda un convenio de trabajo destinado a promocionar la inclusión de beneficiarios del programa Jefes/as de Hogar a la actividad rural. Si la propuesta no se circunscribe a una iniciativa asistencialista y busca sentar las bases para la apertura de fuentes laborales permanentes, se vislumbrará un signo positivo de recuperación.
Redacción
21/01/2004

Se firmó en Avellaneda un convenio de trabajo destinado a promocionar la inclusión de beneficiarios del programa Jefes/as de Hogar a la actividad rural.
Fuente: El Cronista Regional

El acuerdo, que contó con el aval de Corenosa (entidad que nuclea a los centros comerciales de toda la región), el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Regional Económico del Norte de Santa Fe y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, se aplicaría a siete departamentos del centro-norte de la provincia, entre los cuales estaría incluido San Cristóbal.

El objetivo primario de esta iniciativa busca incorporar 20.000 nuevos beneficiarios de dichos planes sociales a la actividad rural y agropecuaria a través de los municipios y los consejos consultivos. Esta experiencia, según voces autorizadas, constituye una prueba piloto a partir de la cual se analizarán las posibilidades de hacerla extensiva a otras regiones del país y a otros rubros de la producción y el comercio. El evento reunió a las máximas autoridades provinciales y nacionales, tanto a la Ministro de Trabajo de la Nación Graciela Camaño como al gobernador de la provincia y al presidente de Corenosa Alberto Paduán.

En teoría, se dispondrá un plan especial para los productores que permita a éstos, realizando un aporte de 21 pesos, (más 19 pesos destinados por el Estado Nacional), cubrir un servicio de salud completo para los trabajadores. La remuneración será de 150 pesos y el empleador deberá pagar el plus de acuerdo al tipo de contraprestación del beneficiario. Además se está en tratativas con algunas cooperativas de seguros para adquirir una cobertura en casos de accidentes de trabajo.

Según fuentes oficiales, la premisa de la propuesta tiende a brindar soluciones parciales a las dificultades que resiste la provincia, reinstalando la cultura del trabajo y mejorando la actividad productiva. Su trascendencia reside en que es el primer convenio que se va a firmar en el país y abarca casi la mitad de la provincia. La posibilidad está abierta a todos los sectores agrícolas de la región centro-norte (algodón, caña de azúcar, el arroz). El respaldo económico en la contraparte de este convenio lo otorgó la Unión Agrícola (Empresa Vicentín), entidad comercial que Corenosa nuclea en el norte de la provincia.

El convenio se firmó en el marco de una serie de sospechas que pusieron en tela de juicio el legítimo otorgamiento de estos planes sociales a nivel nacional. Sin ir más lejos, el mismo presidente Duhalde reconoció que de los 2 millones de planes adjudicados en todo el país, un 20 % están sujetos a irregularidades. En nuestra provincia, existen 163 mil planes de trabajo los cuales “han disminuido la tensión” (según la óptica de Reutemann) pero que aún no han logrado frenar el vertiginoso incremento en las tasas de desempleo, en un país donde el 53 % de su población es pobre. Empero, la cuestión que brilla por su ausencia es: ¿en qué contexto coyuntural de la región se da lugar a esta iniciativa?

Como ya se advirtió en la edición anterior, las dramáticas realidades del ámbito rural se ramifican no sólo en la producción sino también -y con un tenor más acentuado- en el trabajo y los recursos humanos. Nuestra ciudad y su zona de influencia no permanecen al margen de todo esto. Sobre todo si tenemos en cuenta que esta área provincial está dedicada casi exclusivamente al agro. El departamento, con más de 1.200.000 hectáreas, posee la mayor superficie agrícola explotada de la provincia. Junto con los departamentos Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Gerónimo, San Justo y San Martín comprende la región agropecuaria central, en la cual el 27 % de la superficie es utilizada para agricultura y se encuentra más del 80 % del ganado de Santa Fe.

Ratificamos la relevancia capital del agro como actividad motora para San Cristóbal y la región. Pero las políticas nacionales erráticas de la década de los 90, favorecieron la concentración económica, la apertura indiscriminada con el consiguiente auspicio de las inversiones extranjeras que monopolizaron la propiedad y la explotación, en detrimento de las condiciones de vida de la familia rural y del trabajador, y la marginalización de los pequeños y medianos productores en la toma de decisiones. Esto llevó a un fenómeno disgregador de la conformación social agraria: el éxodo. Proceso perpetuado en nuestros días que indica un tipo de movilidad social negativa: la gente del campo emigra a los polos urbanos, pero al no haber en éstos procesos firmes de industrialización y, por ende, oportunidades laborales, la conflictividad social se agrava.

Si este convenio de trabajo anunciado no se circunscribe a ser una iniciativa meramente asistencialista y busca sentar las bases para la apertura de fuentes laborales permanentes, se vislumbrará un signo positivo de recuperación.