El Santafesino
Economía
CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO PROVINCIAL
Se reunió la Mesa de Entidades de la Producción

Los recursos tributarios con los que cuenta la provincia para afrontar su gasto público estuvieron integrados en 2011 en un 64% con tributos nacionales y 36% por provinciales; remarcando la fuerte dependencia de la coparticipación federal de impuestos como fuente de financiamiento provincial.

Redacción El Santafesino
15/05/2012

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Actualmente la actividad económica se encuentra en un período de marcada desaceleración, con probabilidades de transitar una nueva fase recesiva en su ciclo económico y ello genera indefectiblemente dificultades financieras en el sector público tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Las Instituciones que representamos al sector productivo no somos indiferentes a dicha situación, pero consideramos que medidas como las propuestas incidirán en la disminución real de los niveles de recaudación, por el efecto contractivo que puede implicar dicha política económica en este contexto.

Es por ello que consideramos necesario encontrar soluciones basadas en el diálogo y la búsqueda de consensos para lo cual, expresamos nuestra disposición permanente.

Se debe partir de la base que Ingresos Brutos es un tributo: a) distorsivo, de carácter regresivo que afecta a los sectores de menores ingresos de la economía; b) por su efecto “cascada” cuanto más actores participan en la cadena comercial o productiva de un bien o servicio su crecimiento es exponencial (y quien lo paga es el consumidor final); c) desalienta los procesos productivos por su alto impacto en los resultados de las empresas, lo que determinó que en los países más desarrollados haya desaparecido hace más de tres décadas (en algunos casos más).

En realidad la mayor carga recae sobre el consumidor final, pero toda la cadena paga, obviamente más a medida que se acerca al producto final.

Es importante destacar que el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de elevar en hasta un 20% las alícuotas básicas, tal cual se encuentra erróneamente incorporado en la Ley Impositiva Anual 2012, toda vez que el Decreto 200/2012 pretendió aplicarlo, cuando esa prerrogativa ya había sido resuelta mediante el Decreto 3848 de 1.993, elevando la alícuota del 3% al 3,5%. Cabe señalar que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe dictaminó en contra de lo dispuesto por el Decreto 200/2012, fundamentando lo señalado. Resulta relevante indicar al respecto, que en fecha 25 de abril de 2.012, la API emitió el expediente Nº 13.301-0220351-1. Allí se determinó que el Poder Ejecutivo Provincial no ha procedido a la insistencia en el cumplimiento del Decreto N° 200/2012 y por lo tanto procede a dejar sin efecto la Resolución General N° 003/12, dictada en correlación con el citado Decreto.

En el Impuesto Inmobiliario Rural se introduce una modificación gradual de la valuación fiscal de las parcelas rurales, desde el valor actual hasta su valor de mercado. Este proceso se ejecutará entre 2012 y 2018. Según datos del Servicio de Catastro e Información Territorial esto Implicaría incrementar, en promedio, hasta 40 veces la valuación de tierras de alta productividad, y hasta 23 veces tierras del centro-norte provincial. La modificación de los avalúos fiscales tendrá fuerte impacto en la rentabilidad en el largo plazo. Los predios rurales no son utilizados con fines inmobiliarios sino productivos, con lo cual sería importante considerar que sus avalúos tengan relación con los precios de lo producido en ellos. Los productores soportarán una carga adicional de casi $ 390 millones en 2012.

Cabe dejar en claro, además, que las modificaciones a las valuaciones fiscales tendrán su correspondencia en las liquidaciones del Impuesto a los Bienes Personales, posiblemente también en Ganancia Mínima Presunta, que son impuestos nacionales. Esto no hará otra cosa que aumentar la presión fiscal dentro del sector agropecuario, y la masa de recursos que la provincia aporta a la Nación, por actividad desarrollada en su territorio.

Es necesario considerar los efectos que el incremento sobre el Impuesto Inmobiliario Rural tendrá sobre la rentabilidad del productor, atendiendo a la diversidad de actividades desarrolladas en el territorio provincial. En la campaña actual son conocidas las consecuencias negativas de la sequía sobre los rendimientos de la actividad agropecuaria.

En particular para el sector de la construcción de obras privadas ejecutadas por empresas cuyos ingresos resulten superiores a $ 1.500.000.-, de aplicarse la alícuota básica del 3,5% o según facturación 3,8% o 4,2%, tal circunstancia, en momentos en que se está contrayendo la actividad, causará perjuicios de impredecibles consecuencias, no solamente en forma directa sino también colaterales, como la reducción de mano de obra, compra de materiales, etc.

Conclusión

Los cambios propuestos, en contradicción con lo expresado en los fundamentos del proyecto, ponen en una posición desventajosa a las empresas santafesinas para competir con las de otras provincias con menor alícuota, y pueden ser fuente de una derivación de base imponible a fiscos con menor cuantía de imposición, vía ventas o gastos. Es importante el efecto que los cambios sobre el Impuesto Inmobiliario Rural podrían provocar sobre la rentabilidad del sector, lo que no sería conveniente en un contexto declarado de Emergencia Agropecuaria para siete departamentos del centro-norte provincial.

Cabe destacar que por las modificaciones planteadas en el proyecto el sector agropecuario aportaría el 27% de los fondos adicionales que se estiman recaudar en 2012.

Como alternativa paliativa de la delicada situación financiera que enfrenta hoy nuestra administración provincial, la Mesa de Entidades de la Producción de la ciudad de Santa Fe, sugiere al Poder Ejecutivo Provincial y a los Legisladores:

1) Autorizar la emisión de bonos por un importe tal que permita de modo previsible la atención de las obligaciones ya comprometidas, estipulándose plazos amplios para el pago de los mismos (cabe señalar que Mendoza emitió un Bono por U$S 1.300 M a devolver con afectación de parte de la coparticipación).

2) Dentro de ese marco, y simultáneamente, establecer en base a dichos bonos un plan de desendeudamiento, estableciendo previo a su emisión el destino para el que serán utilizados los recursos financieros que se obtengan de las mismas.

3) El Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo el control de la obtención de los recursos financieros y la aplicación de los mismos.

4) El gobierno provincial deberá aplicar recursos para atender crecientes necesidades colectivas, ejecutando el gasto público con eficacia y eficiencia.

Por todo lo expresado en este documento se considera que no es conveniente aumentar la carga impositiva sobre el sector productivo provincial, sin un análisis previo de sus efectos con los sectores que representan a dichas actividades. El proyecto del Gobierno Provincial no respeta los principios de equidad y justicia tributaria tal como está presentado.



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