REVALÚO DE INMUEBLES
Fuerte oposición a la presión fiscal del gobierno provincial
Organizaciones económicas de Santa Fe emitieron un comunicado en el cual dejaron taxativamente expuesta su oposición a cualquier medida de índole fiscal que pueda significar o producir un incremento de los niveles de carga tributaria tanto para los inmuebles urbanos como para los rurales.
Redacción El Santafesino
17/06/2017

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, Sociedad Rural de Santa Fe y Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe apelaron a la utilización prudente de los ingresos del Estado provincial.
Fuente: Archivo

La Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural de Santa Fe y la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, expresaron su profunda preocupación ante el propósito del gobierno de la provincia, de querer hacer uso con fines recaudatorios, del revalúo de los inmuebles tanto urbanos como rurales. “Esta decisión contradice lo expresado con anterioridad, en el sentido de que su finalidad sería sólo estadística”, sostuvieron a través de un comunicado.

Las instituciones firmantes advirtieron sobre la necesidad de hacer de Santa Fe una provincia competitiva frente al resto de los Estados federales, y por imperio de los cambios de escenarios que presentan los negocios globales.

“La fuerte transferencia de recursos monetarios de los sectores privados al Estado, profundizada en los últimos años, opera como una condicionante para la reactivación de la dinámica económica, ya muy castigada por eventos climáticos y por la falta de obras hídricas y viales en todo el territorio de la provincia”, agregaron.

En ese sentido, remarcaron que la carga fiscal que pesa duramente sobre la vida cotidiana de las familias santafesinas y sobre los sectores de la economía real, abreva no sólo en las obligaciones tributarias en sí, sino, además, en el costo de los servicios esenciales como agua y cloacas, energía eléctrica y gas -cuyos aforos contienen un fuerte componente impositivo-, y en la aplicación de tasas con fines específicos.

En fundamento de lo consignado, expusieron las sucesivas oportunidades en las cuáles se han legislado incrementos en materia de impuestos provinciales, destacándose en los últimos años la ley 13.065/2009 (Presupuesto Provincial 2010), ley 13.286/2012 de reforma tributaria, la ley 13.404/2014 (Presupuesto 2014), la ley 13.463/2014 (Presupuesto 2015), la ley 13.525/2015 (Presupuesto 2016), y la ley 13.617/2016 (cambios al Código fiscal y Ley impositiva 2017). Esto implicó que mientras la inflación acumulada entre 2008 y 2016 fue de 760,9%, el incremento de la recaudación total fue de 1.166%. En particular, en lo que respecta al Impuesto Inmobiliario, se destacan los años 2010 y 2013, cuando la recaudación por ese tributo creció un 114,7% y un 66,9%, respectivamente, mientras que el incremento de inflación fue del 25,7%, y del 27,9%. En dicho contexto la participación de este impuesto sobre el total de la recaudación provincial se mantuvo en torno al 8%, acercándose al 10% en los dos años mencionados. Entre tanto, la participación del Impuesto a los Ingresos Brutos pasó del 69% al 73%, entre 2008 y 2016.

Por otro lado, se observa que la carga tributaria de los impuestos provinciales sobre el conjunto de la economía creció un 57% (pasando de 3,5% a 5,5%, entre 2008 y 2016).

En cuanto a los gastos ejecutados por la Administración Provincial se registra un incremento del 1.164%, entre de 2008 y 2016; mientras que la planta de personal de dicha administración se incrementó en 28.893 puestos (26%), entre diciembre de 2007 y 2016. A diciembre de ese año, totalizaban 139.647 personas las que integraban el sector público provincial.

Las organizaciones económicas firmantes de esta postura, dejaron taxativamente expuesta la oposición a cualquier medida de índole fiscal que pueda significar o producir un incremento de los niveles de carga tributaria tanto para los inmuebles urbanos como para los rurales, y apelaron a la utilización prudente de los ingresos del Estado.

“La necesidad de un Estado presente, en la mayoría de los casos, no pasa por el incremento cuantitativo de su planta de funcionarios o de personal y del gasto político, sino por una mayor eficiencia en los procesos de gestión ejecutiva, legislativa y judicial, con medición de resultados”, expresaron en el comunicado que fue firmado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Sociedad Rural de Santa Fe y Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe.




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