COLUMNA ECONÓMICA
Conceptos sobre Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene como misión combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, la corrupción pública, etc.
Redacción El Santafesino
21/08/2018

Mariano Federici, Presidente de la Unidad de Información Financiera.
Fuente: www.argentina.gob.ar/uif

La Argentina, al igual que la mayoría de los países del mundo, implementó la política de luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (PLA/FT). Para ello, se cuentan con Organismos Internacionales (GAFI) y Nacionales (UIF).

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés) es un organismo intergubernamental que tuvo origen en el año 1989 por el G7. El mismo, brega por el desarrollo y la promoción de políticas, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a nivel internacional.

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene como misión combatir el posible financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, el abuso sexual de niños, el fraude, la corrupción pública, etc.

El Lavado de Activos es un procedimiento que pretende ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de determinados bienes o el producto de actividades delictivas con la finalidad de convertirlos en otros bienes u actividades que resultan aparentemente lícitas.

Para llevar adelante las políticas de Prevención, nuestro país cuenta con la Ley 25.246 promulgada en el Año 2010, que dio origen a la UIF como organismo encargado de bregar por estas políticas de prevención con autarquía funcional en la jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Con el dictado de la Ley N° 27.260 B.O. 22/7/2016, la UIF pasa a funcionar con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación.

En relación a la normativa antes citada (Ley 25.246), la misma introduce modificaciones al Código Penal incorporando el delito de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Asimismo en el año 2011 se reformó la ley de lavado (Ley 26.683) y tuvieron lugar dos cambios sustanciales. En primer lugar se comenzó a castigar el “autolavado”, es decir, cuando la misma persona (física o jurídica) que obtiene dinero proveniente de una actividad ilegal, también blanquea esos ingresos. Hasta ese momento, para juzgar a una persona por lavado de dinero había que comprobar un delito precedente, por ejemplo, comprobar que el delito de narcotráfico o trata de personas estaba vinculado a ese dinero. En segundo lugar, la ley permitió que la UIF pudiera decomisar bienes de una persona investigada sin necesidad de que hubiese una condena. De esta forma, se atacan los bienes generados por actividades ilícitas y no permite que sigan produciendo. Un ejemplo a colación sostiene que es más importante decomisar el lugar donde se produce la droga con todo su inmueble y bienes muebles, que decomisar un camión con drogas que de seguro, al día siguiente funciona otro mismo camión por una ruta distinta.

La UIF como organismo necesita de “colaboradores” para llevar adelante su objetivo. Es así como aparece la figura de los Sujetos Obligados y del Oficial de Cumplimiento. La Ley 25.246 en su Art. 20 enumera taxativamente quienes están obligados a informar a la UIF, destacándose como los de mayor relevancia: Las Entidades Financieras, los Registros Públicos de Comercio, los Registros de la Propiedad Inmueble, los Registros de la Propiedad Automotor, los Escribanos Públicos, los profesionales matriculados en los consejos profesionales en ciencias económicas, las Asociaciones Mutuales y Cooperativas, entre otros. Para cada uno de ellos, rige una normativa diferente, en cuanto a la operatoria de informar operaciones sospechosas como la de solicitar información relativa a la situación económica, financiera, impositiva, de ingresos que permita determinar que los fondos involucrados en las operaciones no provienen de actividades ilícitas.

Todos los sujetos obligados que se constituyen como personas jurídicas, deben nombrar a un Oficial de Cumplimiento, quien será de suma confianza para el organismo y formará parte del Directorio. La tarea del Oficial de cumplimiento consiste en implementar todas las políticas de prevención en la empresa u organismo y tiene la responsabilidad ante cualquier omisión o contravención (se aclara que en los casos de sujetos obligados personas humanas, recae sobre sí mismo ambas calidades sujeto-oficial).

Entre las principales tareas del Oficial de Cumplimiento se destacan el armado de un Manual de Procedimientos, un plan de capacitación anual para todos los empleados de la empresa, un plan de auditoría interna, la elaboración de un sistema informático que permita parametrizar las operaciones y detectar aquellas que sean consideradas como inusuales o sospechosas. En relación a estas últimas, una vez que se confirma que la operación reviste la calidad de sospechosa, debe informar por medios electrónicos a la UIF, cumpliendo de esta forma con uno de los deberes que mayor celeridad y confidencialidad requiere ante este tipo de situaciones.

Finalmente, la UIF de este modo recepciona todos los reportes de operaciones sospechosas, los ingresa a una matriz de riesgo, y dispara aquellos casos reiterativos o de sumas significativas para luego iniciar una investigación que de contar con el aval del Presidente de la UIF, toda la información y/o documentación es elevada a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) del Ministerio Público Fiscal para que se continúe con la investigación.

Autor: Pablo Meier.