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Conflicto docente en Santa Fe

La docencia santafesina vuelve a plantear el punto de partida para un cambio en la sociedad argentina: la urgente necesidad de revalorizar la educación, condición esencial para pensar en una Nación para todos. Parte de ese enorme desafío es atender la situación del principal gestor de la enseñanza, aquel que a diario recibe a los niños con su saber, su dedicación y su vocación.

Por Lic. Exequiel Kay
Redacción
08/03/2005

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Al parecer, las alternativas del conflicto docente con sus días de huelga, sus marchas y los cruces dialécticos de funcionarios y dirigentes a través de los medios de comunicación, captan la atención de la opinión pública que reduce todo a cuestiones importantes pero no primordiales. Detrás de la preocupación de los padres por la falta de clases para sus hijos, de las críticas a la actitud de los docentes, de la repetición de los reclamos gremiales, de la bronca hacia el gobierno de turno, entre otras tantas situaciones que genera un problema de este tipo ante cada inicio de ciclo lectivo, hay un punto central que es cómo llegan los maestros al aula para cumplir con ese compromiso crucial de enseñar a los hombres del futuro.

Y al margen de la necesidad de evaluar el desempeño docente, que eso es harina de otro costal y tema de análisis en otro contexto, nadie puede dudar un segundo de la necesidad de recomponer los salarios al sector. Principalmente, por su responsabilidad en el aporte cotidiano a la democracia, por su rol esencial en una comunidad como es la formación de nuestros hijos. Entonces, que un docente santafesino tenga un sueldo básico de 210 pesos y que sobre esa base se retire de la actividad en el futuro con una jubilación miserable, es un despropósito.

Los gremios han sido claros en sus reclamos: la necesidad de una recomposición salarial; el reestablecimiento de la escala de antigüedad; la recomposición de las horas cátedras, de los docentes de jornada completa y de los maestros rurales. Además, la readecuación de la ley de Jubilaciones; de los salarios de los jubilados y la derogación de la Ley Federal. Todos estos planteos son concretos y se han enunciado desde hace tiempo. La preocupación de la ministra de Educación, Carola Nin, por evitar un conflicto en este ciclo lectivo quedó demostrada en la fecha de la convocatoria al diálogo: 14 de febrero.

En este contexto, sin embargo, hay que reconocer al gobierno de Obeid su voluntad de empezar a mejorar -desde el inicio de su segundo mandato- la situación salarial de los empleados públicos, incluidos los docentes, lejos aún de la tan mentada revolución educativa. El decreto 1840 de septiembre de 2004, determinó a través de su Artículo 2 “Otorgar, a partir del 1° de octubre de 2004, a todo personal docente retribuido por cargo, que se desempeñe frente a alumnos y cuyos haberes de bolsillo sean inferiores a la suma de pesos seiscientos cincuenta ($ 650,00), una “Asignación Especial no Remunerativa, no Bonificable y no Acumulativa” hasta cubrir dicha diferencia, considerándose a tal fin la totalidad de los haberes y los descuentos obligatorios”.

La eliminación del presentismo por causas de enfermedad, por ejemplo, dan a priori la pauta de la intención de cambio. Sin embargo, aquellos pasos adelante, aún advirtiendo que se llegó a esos 650 pesos con sumas en negro y apenas se superó la línea de pobreza con el pago del incentivo docente, una deuda proveniente del orden nacional, ahora se dieron atrás. Pequeño quedó aquel decreto -que incluso dejaba afuera al personal no docente y nivelaba sin tener en cuenta la antigüedad- ante el actualmente discutido 288/05. Este, determinó un aumento de 100 pesos también en negro y condicionado a la prestación efectiva del servicio...

La convocatoria a paritarias para este sector es una necesidad a esta altura ineludible. La discusión permanente de los problemas del sector, con o sin los chicos en el aula, una obligación. La responsabilidad del docente en su desempeño, un deber. Premisas todas que deben ponerse en marcha. De lo contrario, como país, estamos perdidos.



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