La discusión parlamentaria sobre temas vinculados al sector agropecuario no sólo es necesaria sino fundamental, dada la importancia que reviste para la economía nacional. Por eso, es saludable que se instalen cuestiones relativas al sector, que promuevan cambios que eliminen asimetrías y fomenten la defensa del pequeño y mediano productor.

Sin embargo, las interesantes iniciativas legislativas que se presentan en este informe, no nos eximen de la crítica a los planteos respecto de los derechos de exportación, conocidos por todos como retenciones.

Las mismas son un instrumento admitido por la Organización Mundial de Comercio y utilizado por un tercio de sus naciones miembro. En América Latina, Chile, Brasil, México, Ecuador, las poseen. Representan el ejercicio de la soberanía estatal sobre los recursos existentes en el suelo y en el subsuelo del territorio nacional.

En tal sentido, representan una política de Estado, que en la mayoría de los países, es definida por el Poder Ejecutivo, como en el caso de la política monetaria, por ejemplo. Este modelo de gestión, nos permite disentir con el planteo legislativo que pretende girar esa facultad al congreso nacional.

En todo caso, habrá que discutir qué destino tienen los recursos que ingresan por retenciones, y de qué manera contribuyen al desarrollo de todos los sectores vinculados al campo.