Un pedido de aumento de la tarifa mínima que elevó la Cooperativa de Provisión, Obras y Servicios Públicos de L. Paiva Ltda., fue desestimada por el concejo deliberante paivense. El abono por el consumo mínimo actual es de $ 13, lo que incluye además dos puntos polémicos: el cobro de $ 1,90 que se le hace a cada usuario por un préstamo BID (Banco Interamericano de Desarrollo) que tendría que haberse dejado de cobrar hace un año y los $ 0,50 por ocupación del terreno y no debería trasladarse al contribuyente, según entiende el concejo.

La decisión fue votada favorablemente por cuatro de los seis concejales (tres justicialistas y la presidenta que es de la UCR), pero en el fondo goza del consenso de casi todo el gobierno local.

Otro de los puntos conflictivos son los servicios paralelos que brinda la cooperativa, que no tienen nada que ver con la prestación del servicio de agua potable: sala velatoria, ferretería, pinturería y venta de gas, los que generan una competencia perjudicial para los propios usuarios que son comerciantes en esos rubros y ven, sin quererlo, a la cooperativa como una competencia.

En diálogo con El Cronista Regional, la presidenta del concejo, la Dra. Asunción Ramírez dio algunas precisiones al respecto: “por ahora no queremos actuar sobre el costo de la tarifa, porque todavía no nos aclararon porque no terminaron de pagar el préstamo BID que tendría que haber sido saldado en junio de 2004, se lo han seguido cobrando a la población desde julio de 2004 hasta ahora, que serían unos 57.000 pesos, y no han terminado de pagar como estaba estipulado. Ellos dicen que el agua es deficitaria, que les ha dado pérdidas, y que se mantienen con las ganancias de la ferretería y demás; pero hay que tener en cuenta que esa ferretería, la sala de velatorio y el edificio nuevo que están haciendo ha salido del excedente del agua, nadie puso de su bolsillo dinero para hacer algo. Por eso, como representantes del pueblo, les exigimos que aclaren el tema del préstamo y que se pongan al día porque la gente pagó para estar al día con el crédito. Ellos han usado ese dinero para otro tipo de inversiones”, señaló la doctora.

En referencia a la decisión que tomó el concejo por iniciativa suya, la doctora Ramírez expresó que “según la cooperativa son tres mil abonados que pagan por el préstamo $ 1,90 por mes, mas el consumo de agua. El crédito tendría que haber estado ampliamente abonado, en otras localidades ya lo han terminado de pagar. La excusa que tienen ellos es que dicen que después va a ser dolarizado, pero a esto lo tiene que decidir la Nación. Por eso desde el concejo hemos entendido que no se le puede seguir metiendo la mano en el bolsillo a la gente y sin darle explicaciones”.

La edil recalcó que la concesión del servicio de agua llegó a su fin y su futuro tiene que ser decidido por el concejo deliberante y el Poder Ejecutivo Municipal. Y llevó tranquilidad a los empleados de la cooperativa prestataria. Dijo que “no se hagan problemas”, que sea cual fuera el destino que corra la misma la Municipalidad y el concejo tratarán de preservar la fuente de trabajo, no así de los integrantes de la comisión de la misma.