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Está en la mira el control vehicular mediante fotografías

Los casos de Recreo y Videla despertaron malestar entre los ciudadanos que conducen por la Ruta Nacional Nº 11. La metodología aún no está autorizada pero igual se aplica. ¿Tránsito ordenado o afán recaudador?

Por Lic. Exequiel Kay
Redacción El Santafesino
01/02/2006

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  El semáforo con cámara de video puede observarse a la izquierda de la imagen, ubicado en la intersección de las calles Mitre y Ruta Nacional Nº 11 (Juan de Garay) de la ciudad de Recreo. Desde allí se emiten actas de infracción por paso de semáforo en rojo. Pero el sistema no está autorizado en la provincia de Santa Fe.
Fuente: El Santafesino

En los últimos meses de 2005 y enero de este año, la aplicación de multas por infracciones de tránsito mediante un sistema de control vehicular técnico, provocó sorpresa, malestar y bronca entre los ciudadanos santafesinos y de otras provincias que atravesaron la Ruta Provincial Nº 11. Las multas por pasar un semáforo en rojo comenzaron a llegar a los conductores en falta mediante actas de infracción con un registro fotográfico, tanto en la jurisdicción de Recreo (dpto. La Capital) como de Videla (dpto. San Justo).

Sin embargo, y más allá de la desinformación generalizada de los ciudadanos, la utilización de controles de tránsito mediante sistemas que filmen o registren fotografías de la infracción no está autorizada en la provincia de Santa Fe. Así lo confirmó a El Santafesino Marcelo Duquez, coordinador del Programa Sistema de Tránsito y Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe. “A la fecha no están habilitados ese tipo de controles. No hay una norma legal que estipule los aspectos técnicos que deben poseer esos sistemas para realizar controles” confirmó el profesional técnico.

“Esto no significa -aclaró- ponerse del lado del infractor. El cruce de semáforo en rojo es una falta grave que debe ser penada. Pero para que esa falta pueda ser debidamente juzgada, el sistema debe estar habilitado al amparo de alguna norma legal” .

Actualmente, el gobierno de la provincia de Santa Fe, con la asistencia de profesionales del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), estudia las características de estos sistemas a fin de determinar o no su habilitación en el territorio santafesino. Las autoridades han puesto bajo la lupa la metodología de registro de la infracción -en este caso la filmación o la fotografía-, que debe tener las suficientes medidas de seguridad para hacer fiable al sistema, como ya ocurrió con los radares, que se reglamentaron a comienzos de 2005. En el caso del radar, cuyo uso ya está fuera de discusión, en el registro gráfico de la infracción no interviene la mano del hombre y este se imprime en el acta de comprobación de la infracción.

Vacío legal

A pesar de que el sistema está en estudio, a instancias de la gestión comercial de empresas del rubro -que deben estar inscriptas en un registro público de proveedores-, algunas comunas o municipios como los casos de Videla y Recreo, ya comenzaron a sancionar infracciones mediante fotografías, a pesar de no estar autorizados.

Según reveló la fuente oficial consultada, la Municipalidad de Recreo comenzó los trámites en la Subsecretaría de Transporte para obtener la autorización correspondiente. “El problema es que no tenemos la norma legal que por estos días estamos estudiando para brindar a todas las comunas y municipios que quieran utilizar este tipo de controles, el amparo legal para poder hacerlo” reconoció Duquez.

Las comunas o municipios que pretendan utilizar las denominadas fotomultas, deben firmar un convenio para la delegación de este tipo de controles con el gobierno de la provincia de Santa Fe, como se ha efectuado en el caso de los radares de tránsito. Respecto de los cinemómetros (radares), la provincia autorizó a cuatro localidades del dpto. San Martín (Casas, Centeno, Landeta y Carlos Pellegrini) a utilizarlos para controles la velocidad vehicular.

En ese contexto, una de las condiciones que conllevan los expedientes en la materia es la existencia en cada localidad de Juzgados de Faltas comunal o municipal, donde los usuarios que supuestamente cometieron la infracción, puedan hacer uso del derecho de legítima defensa.

El funcionario admitió que a esa repartición pública llegaron las últimas semanas numerosas consultas sobre actas de comprobación de infracción realizadas por la comuna de Videla y la Municipalidad de Recreo, sobre las cuales la pregunta generalizada es “¿están habilitados estos controles?”. “La respuesta es no: estos controles no están habilitados” insistió el coordinador del programa sobre Seguridad Vial.

¿Pagar o no pagar?

Que los controles por cámaras filmadoras o fotográficas no estén habilitados en la provincia de Santa Fe, ¿exime a los infractores del pago de la multa respectiva?. Las respuestas oficiales se corresponden con la ambigüedad de una situación como esta, donde no hay una norma que reglamente el uso de este tipo de sistemas. “Cuando llega el acta con la foto del vehículo que pasó un semáforo en rojo, es una prueba irrefutable. Es una falta grave. Pero lamentablemente, nosotros estamos en una delgada línea en la que tenemos que balancear los intereses reales de la comunidad respectiva ante los riesgos por el crecimiento de las poblaciones sobre las rutas provinciales y nacionales, y -por otro lado- el derecho de legítima defensa de los usuarios de la vía pública” reconoció Duquez.

El sentido común indica que un ciudadano que cometió una falta probada en el acta de infracción mediante una foto, podría justificar el no pago de la multa o cuanto menos efectuar un descargo, teniendo en cuenta la falta de autorización por parte de la autoridad competente a una comuna o municipio para aplicar este sistema. “El ciudadano puede hacer una consulta ante la subsecretaría de Transporte y luego hacer un descargo en la comuna o municipalidad correspondiente” advirtió Duquez, quien insistió en algo: “Esto no significa ponerse del lado del infractor. Significa tener reglas muy claras y normativa específica para caer con todo el rigor de la ley sobre el infractor”.



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