OPINIÓN
La censura previa
El autor aborda este importante tema en el sistema democrático desde la siguiente cita: "El error ignora la crítica. La mentira le teme. La verdad nace de ella". José Ingenieros en Las Fuerzas Morales.
19/11/2004


La información es poder y desde siempre el poder a través de sus distintas expresiones intentó controlar el acceso a la información. Así se ha dicho con razón, y a manera de ley sociológica que frente a cada nuevo medio de comunicación, aparecen nuevas formas de controlarlo; y frente a cada nueva forma de censura, surgen también nuevas maneras de enfrentarse a ella.

La censura es una forma de control, que se materializa en la facultad de aprobar o prohibir anticipadamente determinado material antes de darlo a publicidad.

El derecho de expresarse libremente, y específicamente de hacerlo mediante la prensa no puede se tan extenso como para dejar sin consecuencias jurídicas la comisión de delitos o la concreción del daño civil.

No debe confundirse censurar con reglamentar, es decir con reglar el derecho a los efectos de asegurar su ejercicio, es decir regular razonablemente.

Nuestro sistema constitucional se funda entre otros principios en el de la relatividad de los derechos, fundamento de la existencia del Poder de Policía del Estado (art.14, primera parte de la Constitución Nacional) conforme al cual aquéllos deben ejercerse ajustándose a las leyes que los reglamenten, claro está marcando la diferencia entre la regulación razonable y la restricción arbitraria de los mismos.

El poder de limitación que los miembros de una sociedad asignan a sus autoridades y que por regla reside en el órgano legislativo reconoce también límites, tales son: los principios de legalidad (art.19 in fine C.N.), de reserva (art.19 primera parte C.N.) y razonabilidad (art.28 y 43 C.N).

Presunción de Inconstitucionalidad

El art. 14 de la Constitución Nacional al proscribir la censura no admite excepciones. En el ámbito local, el art.18 de la Constitución de la Provincia del Chaco prohíbe al Estado dictar medidas preventivas o restrictivas, estableciendo que serán objetivamente responsables los que ordenaren, consintieren o ejecutaren actos violatorios de estas garantías.

De allí que nuestro más alto tribunal federal haya dicho que toda censura previa que se ejerza sobre los medios de comunicación y que a ese contenido deben dedicar primordialmente su actividad, por constituir el ámbito natural para la realización de los actos amparados por la libertad de expresión, padece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad. (Caso Servini de Cubría; Fallos 315: 1943).

El test de razonabilidad para la reglamentación de los derechos extrapatrimoniales deber ser más exigente en razón de ser esenciales para el mantenimiento de la dignidad humana. Ello se traduce en considerar que toda regulación de estos derechos está teñida de una presunción iuris tantum de inconstitucionalidad que para superarla coloca la carga de la prueba en cabeza de las propias autoridades. Esta regla que tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte de los EE.UU, donde se la conoce como doctrina de las "libertades preferidas", fue recordada por Fayt en su disidencia el caso "Verbitsky"-1989- (F.312:116) en materia de libertad de prensa".

La jurisprudencia de la Corte Suprema

La Corte Suprema en "Ponzetti de Balbín Indalia c/ Editorial Atlántida SA" (Fallos T. 306-1892) sostuvo que: "El derecho de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin el previo contralor de la autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos o causar daños por su culpa o negligencia. La Constitución Nacional no asegura la impunidad de la prensa, una vez efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces.

Sobre esta cuestión también se ha expedido la Corte en el caso "Campillay, Julio César c/ La Razón, Crónica y Diario Popular" (Fallos 308, 789), en cuyos considerandos, se concluye que los delitos, actos culpables o abusivos cometidos en el ejercicio del derecho de informar, quedan comprendidos en la regla genérica del art. 1109 del CC, y el propietario o editor del periódico que da a conocer falsas imputaciones no puede quedar exento, al igual que cualquier ciudadano de la Nación, de la responsabilidad civil emergente de tales actos.-

A partir de este fallo se dibuja con precisión y claridad el "cómo" en el aporte de noticias que contengan en su esencia, la potencialidad de dañar el honor, reputación o vida íntima de las personas: debe individualizarse la fuente informativa (aspecto singularmente predicable respecto de los partes policiales), debe usarse un tiempo verbal potencial y no asertivo y de ser necesario reservarse la identidad de los eventuales implicados. No haberlo hecho así, y no mediando razones de interés social, político, económico ni ningún otro que justifique la investigación periodística, afecta el principio del "alterum non ledere" y justifica la procedencia de la indemnización.

Prensa y justicia

En la compleja tarea de juzgar, de dar a cada uno lo suyo, bueno es tener presente el mandato de Velez Sarfield contenido en la nota al art. 512 del Código Civil, cuando nos dice cómo deben ser los jueces: ni muy severos, ni muy indulgentes frente a las conductas que juzgan.

Se trata en definitiva de interpretar conductas con el mínimo de tolerancia que debe guiar al juez en su rol de pacificador social, para decidir con solución de certeza y de conformidad al régimen legal los casos sometidos a su jurisdicción.

La legitimidad de un sistema democrático constitucional si bien se construye a partir del consenso y la eficacia, tiene como necesarios presupuestos a la verdad y la justicia. De allí que la crítica, cumpla un rol fundamental a partir del diálogo y la tolerancia, y de agentes sociales que sepan discutir dando argumentos y razones.

Por eso uno de los peligros para la democracia, según Norberto Bobbio: es la enfermedad de los demagogos, y la de los tecnócratas que sustituyen la soberanía popular por el saber técnico. Otro más es el de los poderes ocultos, los poderes fácticos basados en una cultura política antidemocrática que siempre buscan aniquilar los derechos de la mayoría. Cuando ello ocurre, la democracia traiciona su propio origen etimológico, gobierno del pueblo, por el poder de unas cuantas oligarquías, que los grupos y los partidos logran usurpar a la soberanía popular.

John Stuart Mill, (Filósofo Inglés) en su ensayo "Sobre la libertad" dice: "Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión y solamente una persona fuera de la opinión contraria, no sería más justo que la humanidad impusiera silencio a esta sola persona; y que si ésta misma persona, tuviese poder suficiente para hacerlo, lo ejerciera para imponer silencio al resto de la humanidad".

Autor: Iride Isabel María Grillo. Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, Primera Circunscripción de la Provincia del Chaco. Profesora Adjunta de la Cátedra "A" de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E. Correo: isabel_grillo@hotmail.com