Un trabajo de diez años en la Cámara de Diputados para superar una legislación centenaria, no tuvo la atención deseada, en dos períodos, en la Cámara de Senadores. Paralelamente en la Comisión de Agricultura de la cámara baja, un Proyecto de Ley impulsado por José Pividori, Jorge Lagna, Laura Venesia, Marcelo Gastaldi, Julia Pesaresi y Ricardo Reynoso pulveriza la Unidad Económica.
Estos dos hechos nos permiten afirmar sin dudas que el Gobernador Jorge Obeid tiene otras prioridades de gestión y su gobierno carece de una política agraria en la provincia.
La Unidad Económica sería el punto de la discordia tanto para los senadores como para algunos diputados del Bloque oficialista en Diputados. Lo concreto es que la Comisión de Agricultura dio dictamen el 10 de noviembre a un proyecto de Ley ambiguo y lo que es peor contradictorio porque define la unidad económica independientemente de su superficie, deroga la Ley actual y favorece abiertamente la división de los actuales predios en condominio. Es una legislación hecha a la medida del lobby de los profesionales de la mensura que ven en la subdivisión de los campos la posibilidad de una mayor actividad. Esta es una clara demostración de que el Gobierno de Jorge Obeid no da señales claras a sus propios legisladores.
La comisión en cuestión dejó de lado el antecedente generado en la administración anterior, en el ámbito del MAGIC y que el Senado le dio media sanción. Este proyecto, que deberíamos mejorar sensiblemente, perfecciona la actual Ley 9.319 y contempla por ejemplo, la anexión a distancia de los predios rurales para conformar la unidad económica y prevé la subdivisión para las actividades productivas no corrientes cuando proyectos de inversión demuestren su viabilidad técnica y productiva, sosteniendo la unidad económica también como criterio central de uso y manejo del suelo.
En defensa de la Unidad Económica
Consideramos unidad económica agraria, junto a Fernando Brebbia, -principal inspirador del Código Rural, que como lo dijimos tuvo media sanción de Diputados, pero no fue tratado en el Senado-, al fundo que por su superficie, calidad de la tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de producción, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo y desarrolle las actividades corrientes de la zona le permita alcanzar un nivel digno y una evaluación favorable de la empresa agraria.
Es impensable, tener una política de uso racional de nuestros suelos, su manejo y conservación si existe una división de las tierras ilimitada, es por ello que la unidad económica plantea como criterio la propiedad social, la de nuestras tierras limitando los derechos individuales, en este caso los hereditarios.
Resulta extraño ver a legisladores justicialistas que acompañaron con su firma el dictamen de la Comisión de Agricultura, como se alinean con criterios neoliberales, propios de la década menemista, donde el señorío sobre la propiedad de la tierra no encuentra límites y hacen alarde de la división de los condominios con principios individualistas del siglo XIX. Se olvidan, sugestivamente, de la función social de la propiedad y del concepto de productividad social del moderno derecho agrario, devenido a su vez del Constitucionalismo social. Fue la Constitución peronista de 1949, la que en su artículo 38 estableció: "La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común". Es muy curioso que no se tengan en cuenta estos postulados...
No hay que llamarse a equívocos. Ciento cincuenta años de vigencia del Código de Napoleón en Europa atomizaron la propiedad agraria como una consecuencia ineludible del derecho hereditario. España, Francia, Italia, Bélgica, Suiza y Gran Bretaña, tuvieron que instrumentar normas de recomposición fundiaria, es decir tuvieron que hacer el camino inverso.
Comprobaron que en tres o cuatro generaciones un fundo productivo desaparece si no se ponen restricciones al dominio. El fraccionamiento liberal lleva al extremo que una familia agraria ni siquiera puede practicar una economía de subsistencia. Visto desde otro ángulo también juega a favor de la división de latifundios, hasta cierta superficie, para hacer realidad el tradicional principio de reforma agraria: la tierra es para quienes la trabajan.
Todos estos elementos fueron recepcionados a través de la Ley 17711 de reforma al Código Civil, que sabiamente incorporó un agregado al artículo 2326: "no podrán dividirse las cosas cuando ello convierta en antieconómico su uso y aprovechamiento. Las autoridades locales podrán reglamentar, en materia de inmuebles, la superficie mínima de la unidad económica". Esta es la actual piedra angular de la legislación en la materia. Tanto es así que eliminar este instituto -como se pretende desde la Comisión de Agricultura de Diputados-, es resorte del Congreso Nacional y no de la Legislatura provincial.
Resulta tranquilizadora la posición institucional de la Federación Agraria Argentina, que a través de un documento, hecho público el 5 de noviembre en Rosario, advirtió que "la derogación de la normativa vigente que postula el Proyecto Pividori, no solucionaría los problemas de los productores.
En cambio, sí el interés de algunos sectores profesionales que promueven su supuesta conveniencia. La Federación Agraria sostiene la inconveniencia de derogar la Ley actual o introducirle reformas de fondo que alteren sustancialmente su espíritu".
Es indudable que la existencia de condominios puede afectar el funcionamiento de la unidad productiva y económica, pero la solución no es la división ilimitada que la torna inviable económicamente y deteriora nuestros suelos, sino resolver el conflicto de los condominios con políticas crediticias y promoción que sostengan las parcelas de tierras. De este modo no se perjudicaría la venta de la parte en condominio y los productores recibirían apoyo tecnológico, de gestión y conocimiento necesario para el desarrollo del emprendimiento agropecuario.
¿Pero son estos los problemas centrales en lo que a política agropecuaria se refiere? ¿No será más importante limitar la concentración de las tierras, la venta ilimitada a extranjeros, el proceso de monocultivo creciente, el alquiler irrestricto a empresas de siembra de miles de hectáreas sin ningún control, acelerando así el deterioro de nuestros suelos, con una generación de productividad y riqueza que sólo "vemos pasar"?
Santa Fe, ¿debe gastar cada día más en rutas, transporte e infraestructura, para sacar millones de toneladas que se exportan, dejando fabulosas ganancias, que se gastan fuera de la provincia? ¿No será más importante lograr que a los santafesinos les llegue algo de esa inmensa riqueza que se genera? ¿No será más importante discutir cómo existe el hambre en Santa Fe ante tanta producción de alimentos?
Como representante del A.R.I. en la Comisión de Agricultura de Diputados, no he firmado el dictamen oficialista, y espero que prime la racionalidad y el buen sentido en las otras dos comisiones a los que fue girado el Proyecto: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Quizá en ese ámbito haya mayor reflexión y se pueda salvar la falacia de presentar la solución de un inconveniente, el de los condominios, generando un problema mayor, que afecta al bien social de la productividad agraria, un concepto que algunos legisladores parecen desconocer.
Autor: Aldo Strada. Diputado Provincial del ARI
