OPINIÓN
Las astreintes: el respeto a la Justicia
La autora señala que el Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones, debe contar con los medios necesarios, uno de ellos "las astreintes", que constituyen recursos compulsivos que puede implantar el juez a pedido de una de las partes intervinientes en el proceso o aún de oficio, lo que dependerá de las singularidades de cada caso, para hacer cumplir sus resoluciones.
06/04/2005


Así titulaba Carlos A. Ayarragaray un trabajo publicado en el año 1961 en Jurisprudencia Argentina T.IV pag. 368 y sgtes., sosteniendo: "La justicia es en el orden de la organización de las naciones civilizadas, galardón y garantía, pues sin ella no cabe paz ni provecho al ciudadano. Es la prescindencia de la justicia ostentosa, expresión de barbarie y retroceso a tiempos de salvajismo, cuando se cultivaba la fuerza como razón de la propia conducta y de sometimiento de la parte contraria.

La justicia no nace de la imposición de su pretensión por el más fuerte o aprovechado, de donde se rechaza en los países adelantados la justicia por mano propia. Se admite, en cambio una organización sustentada en la legalidad que, mediante la autocomposición, se prescinda de la justicia estatal; ello lo admite el Estado siempre que no se afecten derechos indisponibles. No es, pues la justicia el medio único de soslayar los litigios. Pero cuando se recurre a ella no cabe admitir desmanes y desconocimientos de la autoridad cuyo amparo se busca.

Afortunadamente los compromisos civiles y familiares se cumplen espontáneamente, por respeto a las leyes y sacrificio social del ser humano; a su falta interviene la justicia, que además es freno a los desbordes de los otros poderes".

En un Estado de Derecho es inconcebible que el Poder Judicial, en ejercicio de la jurisdicción, que es el espacio de poder que la ley le asigna en el mismo rango que a los otros poderes, y dentro de los límites de su competencia, pueda estar impedido de hacer cumplir sus decisiones, o abdique de sus potestades, pudiendo incurrir en tales hipótesis en privación de justicia, el peor de los males de una sociedad.

En el cumplimiento de sus funciones, debe contar con los medios necesarios, uno de ellos "las astreintes", que constituyen recursos compulsivos que puede implantar el juez a pedido de una de las partes intervinientes en el proceso o aún de oficio, lo que dependerá de las singularidades de cada caso, para hacer cumplir sus resoluciones.

Enseña el jurista que si bien comúnmente se identifica a las astreintes con multas o conminaciones pecuniarias que se establecen por cada día o período determinado, en su esencia constituyen una medida preventiva de efecto psicológico, pero que se puede luego convertir, de acuerdo a la conducta de sus destinatarios en una indemnización a favor del damnificado por la resolución judicial incumplida,lo que resulta esencial para comprender este asunto. Como medida de tipo psicológico, puede quedar sin efecto o disminuirse su importe o aumentarse, según sean las circunstancias y conducta del renuente.

En tal caso se transforman en sanciones o multas procesales que tienden a asegurar la potestad de juzgar, en la que el Estado está vitalmente comprometido, porque se vincula a su propia subsistencia, como organización política que reivindica para sí y lo logra, el imperium o monopolio legítimo de la coacción física, sobre sus habitantes y dentro de los límites de su territorio.

Las astreintes o sanciones conminatorias, están previstas en el art.666 bis del Código Civil y art.37 del Código de Procedimientos de la Provincia, con el objeto de obtener el cumplimiento directo de un deber jurídico, y son aplicables a todo tipo de obigaciones.

Ambas normativas establecen en su parte final que las condenas o sanciones previstas en las astreintes podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si el que debe satisfacerlas desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder, lo que apunta a uno de sus principales caracteres: la "provisoriedad", que permite al juez, si se acata lo ordenado, reducir la multa correspondiente al escaso tiempo del incumplimiento o también dejarla sin efecto.

Si bien las medidas tiene carácter excepcional, la excepcionalidad está dirigida a la verificación por parte de quien juzga de las circustancias singulares de cada caso en que las aplique, correspondiendo en principio su procedencia en los supuestos de una sentencia definitiva firme que no se acata.Ello no obsta a su procedencia cuando existiendo una resolución judicial, el carácter urgente de la misma, en razón de los hechos materia de litis, por ejemplo de carácter alimentario, la autorizan.

Será la prudencia del juez frente al deber que tiene de hacer cumplir sus resoluciones, lo que permitirá no incurrir en situaciones irrazonables, con lesión a la administración de justicia. La provisionalidad de las astreintes, permitirá su revisión por parte del mismo órgano que las impuso o por parte de las instancias superiores, a través de los mecanismos recursivos establecidos en la ley y sin que su concesión impida su aplicación ya que de lo contrario se desnaturalizaría su objeto, obtener el cumplimiento de la resolución. Pero será seguramente el acatamiento a lo judicialmente dispuesto lo que autorizará el cese de las sanciones, porque las resoluciones judiciales se dictan para ser cumplidas, de eso se trata la justicia y la tutela judicial efectiva.

En este punto Adolfo Alvarado Velloso al referirse al régimen recursivo de las facultades sancionatorias de los Jueces en su obra "El Juez sus deberes y facultades" pág. 309 E.D. 1982, expresa: "Empero, y en esto hacemos especial hincapié la apelación debe concedérsela siempre con efecto no suspensivo (devolutivo) aún en caso de tratarse de restricción o privación de libertad".

El monto de las astreintes depende del prudente arbitrio del juez y no se mide por la importancia del daño que causa la demora del obligado en cumplir la manda judicial sino por la fuerza de resistencia del obligado.

En este sentido las sanciones conminatorias nacen y se incorporan al patrimonio del requirente de ellas, desde la fecha de la decisión del juez que las decretó, pues su fundamento es el vencimiento del plazo establecido en la resolución y el apercibimiento de aplicarlas en caso de incumplimiento.

La astreinte constituye un instrumento para lograr el respeto del Poder Judicial, no sólo entre particulares, sino por causa de otro poder cuando no colabora a la realización efectiva de la justicia. En este sentido enseña la doctrina que se contemplan medidas conminatorias de diversos órdenes, tendientes a sancionar a los mismos funcionarios públicos, cuando incurran en desobediencia a los mandatos judiciales, lo que demuestra que la Administración Pública debe funcionar bajo Constitución y ley, y que dentro de otro orden de ideas, la coacción jurisdiccional judicial gravita por igual sobre las dos partes en el proceso, y sin distinción de que una de ellas sea el propio Estado nacional, provincial, municipal o instituciones descentralizadas administrativamente, etc. (Conf. José Canasi "Sanciones Conminatorias contra el Estado" L.L. 152, pág. 302).

De allí que como enseña autorizada doctrina, la facultad disciplinaria de los tribunales judiciales alcanza también a los legisladores que actúan en el proceso, cuyos privilegios e inmunidades ceden ante aquella facultad, (Adolfo Parry "Facultades disciplinarias del Poder Judicial, cit. por Germán Bidart Campos, "El Derecho Constitucional del Poder" T.II, pag. 237).

Afirma Ayarragaray que el proceso es por ello asunto de educación y conducta y los magistrados paradigmas del poder. No son los magistrados hombres que juegan a la justicia, son el símbolo del poderío reglamentado y en los límites de la ley, para proteger los derechos desconocidos por los enemigos de la civilidad. De allí que contra ellos jueguen las fuerzas de la disolución y sufren las acechanzas doctrinarias y los males de las tendencias que propician los procesos fuertes y dirigidos. Mas, de ahí, quitarles la autoridad para hacer valer sus decisiones, hay un abismo.

Si el juez quedara sin apoyo para ejecutar sus resoluciones e imponerlas, la administración de justicia se convertiría en pura y abstracta manifestación jurisdiccional, carente de significación y trascendencia. Esto es incomprensible y demostraría que algo no funciona bien en la casa de la justicia. Por ello ausente el respaldo de los otros poderes del Estado, el judicial quedaría debilitado y burlado en su equilibrio, como señala el autor citado.

El Estado no solo se circunscribe al establecimiento de las normas sino que debe garantizar su cumplimiento, y en esto consiste la función judicial. Por ello, como sostiene la doctrina, tanto el respeto como la resistencia a la justicia es una cuestión de educación y de sentimientos.

Es inconcebible la justicia por mano propia, la ley de la selva, en una sociedad medianamente organizada o que se precie de tal, cuando ese ejercicio proviene de un particular. Pero es aún más inconcebible cuando es el propio Estado, a través de sus funcionarios no judiciales quien pretende ejercerla desoyendo los mandatos judiciales, aún cuando los considere injustos, a través de los mecanismos procesales establecidos para la defensa de los derechos y de la legalidad, para eso están las reglas del proceso justo.

El proceso es una garantía, pero puede ser utilizado como instrumento de libertad como de opresión, para esconder tras de sí las peores injusticias y arbitrariedades, sin embargo nunca puede servir en desprecio de su propia finalidad, ya que se ha asignado a los jueces la defensa de la Constitución, la que no admite vallas ni cortapisas.

De manera que es deber de cada juez en las causas sometidas a juzgamiento hacer cumplir la Constitución, que una vez juró cumplir y hacer cumplir, y en tal cometido no abdicar nunca concientemente de su jurisdicción dejando las sentencias a la deriva o en el desamparo y velando porque se acaten sus decisiones. Para eso tiene el imperium tanto respecto de los particulares como de los otros poderes, que en definitiva son para el Poder Judicial litigantes, y no poderosas entidades inviolables.

El acatamiento a la decisión judicial es incuestionable y en nuestra tradición judicial tiene el carácter de dogma, máxime cuando el que debe cumplirla es el propio Estado ("lato sensu") que debe empezar por dar el ejemplo.

El único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento de las normas y proscribir la justicia privada es a través de la administración de justicia, de allí que todo el aparato coactivo del Estado deba ponerse al servicio de la ejecución de las resoluciones judiciales. Cuando la administración de justicia fracasa, la seguridad jurídica puede ser reemplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad, con las graves e irreparables consecuencias que tales hechos pueden significar para la vida de una sociedad.

Concluyo siguiendo al autor citado, cuyas enseñanzas fueron rescatadas por esta juez, en la tarea interpretativa jurisdiccional diaria, de un viejo libro de biblioteca, y que nos permiten con él: "Dar la confianza a nuestra justicia, tan malhadada en el medio social en que se desenvuelve. Dedicando con profunda emoción este estudio para que sea pedestal de la Carta Magna y sobre él asentamos simbólicamente la estatua de la Justicia, para que ilumine nuestra marcha y nos proteja en los aciagos momentos que cruzamos. ¡La magistratura debe elevarse contra la dictadura de cualquier clase que sea! ¡La justicia es la depositaria de nuestra esperanza!.

Autor: Iride Isabel María Grillo. Juez en lo Civil y Comercial de la Sexta Nominación, de Primera Instancia de la Primera Circunscripción, de la Provincia del Chaco- Profesora Adjunta de la Cátedra "A" de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la U.N.N.E.




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