OPINIÓN
La Justicia Comunal Lega
El autor recuerda que la legislación a nivel nacional y la específica de la provincia de Santa Fe garantizan que todos los ciudadanos pueden participar en el ámbito judicial, en la medida en que sostengan un concepto de justicia avalado por sus valores, ya que sobre éstos se sustenta su desempeño en todos los ámbitos.
10/11/2008


La legislación a nivel nacional y la específica de la provincia de Santa Fe, garantizan, al solo efecto de dejar en claro que todos los ciudadanos pueden participar en el ámbito judicial, en la medida en que sostengan un concepto de justicia avalado por sus valores, ya que sobre éstos se sustenta su desempeño en todos los ámbitos. Tal es así que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos están presentes en los distintos instrumentos legales. Así, la Constitución Nacional de 1994 hace referencia al juicio por jurados (artículo 24, 75 (inciso 12) y 118), al arbitraje y a la conciliación obligatoria (artículo 14 bis), a la mediación por mencionar algunos; la Constitución de la Provincia de Santa Fe alude al arbitraje y a la conciliación obligatoria para la resolución de los conflictos colectivos de trabajo (artículo 20), al tiempo que “establece tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo, con un procedimiento breve y expeditivo, en el cual la ley propende a introducir la oralidad”, lo que constituye una muestra de la necesidad de agilizar algunas cuestiones conflictivas, para lo cual las vías mencionadas podrían resultar de utilidad.

Además, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación apela al arbitraje, como procedimiento para la resolución de conflictos (artículo 736 hasta el artículo 765 inclusive), a la conciliación (artículo 309 y subsiguientes) y a la amigable composición (artículo 766 hasta el artículo 772 inclusive). Al mismo tiempo, encontramos legislación específica sobre estas figuras procesales, que enumeramos a continuación, a fines de dar cuenta de su relevancia en el marco legal contemporáneo, como por ejemplo la Ley Nº 24.573 (Ley de Mediación y Conciliación), que establece la obligatoriedad de la implementación de este mecanismo en las instancias previas a todo juicio.

El relevamiento realizado precedentemente constituye una muestra suficiente de la importancia y el reconocimiento que el marco legal argentino otorga a estas figuras procesales, que si bien no son pasibles de ser aplicadas en todas las circunstancias, pueden constituir una alternativa válida para aquellos casos judiciales de menor envergadura, que presentan la posibilidad de instituir un proceso abreviado, con menores costes, y por ende, de contar con la participación de jueces legos, sin que esto signifique un perjuicio. Como consecuencia de su participación, la sociedad toda se beneficiaría, ya que el desprestigiado ámbito de la Justicia, al cual en numerosas oportunidades se le realizan críticas, podría descomprimirse y abocarse a la resolución de aquellas cuestiones que verdaderamente revisten carácter de urgente.

Si tomamos la perspectiva del compromiso como fundamento, la participación ciudadana constituye una herramienta inmejorable en el ámbito de la administración de la justicia para resolver los conflictos menores de manera acorde. Su aporte fundamental radica en que contribuye con la agilización de los procesos y en que les otorga a éstos un marco mayor de credibilidad y confianza que el de la justicia ordinaria. ¿En qué nos basamos para sostener esto? En primer lugar, en que la práctica de la justicia lega, al no estar centrada en las cuestiones procedimentales, se concentra en cuestiones que tienen el mismo nivel de importancia aunque a veces aparezcan descuidadas, como la equidad.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la equidad es “la justicia natural, por oposición a la ley positiva”. Esta consideración nos da la pauta de que en los casos de resolución de conflictos por vías alternativas, prima la justicia natural sobre la ley positiva, por lo que se refuerza la tesis de que no es necesario que quienes impartan este tipo de justicia sean personas provenientes del campo del derecho. Además, el alcance de la equidad, de acuerdo con la misma fuente, implica a aquella “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, definición que entraña en sí misma la idea de justicia.

Este ámbito de la justicia puede verse enriquecido por los múltiples actores sociales que se desempeñen en él, dando lugar a una diversidad de criterios, posturas y visiones, devenidos por un lado de su formación (en cualquier área del conocimiento) y de su desempeño social. El hecho de que se trate de jueces no letrados es lo que facilita que las personas comunes puedan desempeñarse en esta área de la justicia, aportando su conocimiento, sus principios, sus valores y su sentido común, que no es más que los principios democráticos.

Autor: José Caballeri. Profesor de Filosofía. Secretario Juzgado Comunal Emilia. Autor de la obra: “El Valor de la Justicia Comunal lega”.




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