OPINIÓN
Los apremios y torturas no deben ser tolerados
Ante denuncias de nuevos casos de jóvenes de 13 y 15 años, estudiantes secundarios, que han sido encarcelados, soportando amenazas, abusos psicológicos y encierros desnudos, a quienes regresaban del colegio con sus tableros de escuela técnica, es necesario retomar el debate. Podrían ser los hijos de cualquier santafesino.
04/09/2013


Mientras el Ministro de Seguridad sigue comprometido con no tolerar este tipo accionar policial, y el ex gobernador Obeid que recibió el 80% de votos contra su historia, pretende reivindicar la policía de Rosúa, cuando las pistas clandestinas de los narcos eran un juego de niños, cuando el menemismo y el duhaldismo al que adhirió, abrieron las puertas de par en par al narcotráfico. Mientras su policía liderada por baluartes de la dictadura, y la de Reutemann, eran denunciadas por gatillo fácil, la masacre del 2001 y tenían zonas liberadas para asociaciones ilícitas que crecieron con su complicidad u omisión. La realidad dice que algunos sectores de la policía siguen apelando a la tortura, por vestigios de la educación represiva, a pesar del esfuerzo del gobierno progresista.

Oportunamente la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de mi autoría y avalado por distintos bloques, sobre un Protocolo de Prevención contra la Tortura y otros tratos degradantes de la persona. Una pequeña reflexión sobre lo que han sido estos métodos inhumanos en la historia.

Rescatamos desde el loable trabajo de Michel Foucault, que en Vigilar y Castigar, nos decía en sus análisis implacables sobre los mecanismos de disciplinamiento desde el poder y de control social. “Hay culpables con la firmeza suficiente para ocultar un crimen verdadero…, otros inocentes, a quienes la intensidad de los tormentos, hace confesar crímenes de los que no son culpables”.

La crueldad para combatir un supuesto delito, el sufrimiento ajeno para obtener una información en distintos momentos de la historia ha parecido ser herramientas naturalizadas por la misma sociedad. En épocas de dictadura, ya todos conocemos como se llevaron adelante los interrogatorios y desapariciones de los que pensaban “feo” o “distinto” a los intereses del poder cívico-militar.

Para evitar que esta herramienta pueda ser utilizada por las fuerzas de seguridad o de custodia de la democracia, es necesario aprobar una norma donde se recomiende un protocolo con ciertos estándares o criterios de actuación y promover su aplicación uniforme y homogénea por parte del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y sugerir a los organismos públicos competentes la aprobación, modificación o derogación de normas, todo ello con el fin de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Estas recomendaciones también deberán ser tomadas en cuenta en aquellas instituciones que las personas deban ser alojadas en carácter de permanentes, como institutos de niños, niñas y adolescentes, adultos o de salud mental en las siguientes materias:

Inspección y visita de establecimientos de detención; Condiciones de detención; Capacidad de alojamiento y control de sobrepoblación; Empleo de la fuerza y medidas de sujeción; Régimen disciplinario; Documentación e investigación de casos de tortura o malos tratos y/o muertes violentas, por enfermedades o causas naturales; Régimen de traslados; Fortalecimiento de los controles judiciales.

Considero importante diseñar campañas de sensibilización y capacitación destinadas a las personas que ejercen funciones en los centros de detención, funcionarios judiciales y ciudadanos en general sobre la problemática de las personas en situación de encierro y la necesidad de la erradicación de la tortura, abusos, maltratos físicos y psicológicos, así como de la aplicación de sanciones a los funcionarios que incurran en esos delitos, los permitan, los instiguen o no los denuncien.

Es una política de Estado y por lo tanto imperioso que el Senado provincial debata y apruebe un protocolo de esta naturaleza para sentar bases de actuación homogéneos, para los distintos actores del estado que deben ejercitar funciones de control y prevención en los espacios públicos donde han sido asignados.

Por Alicia Gutiérrez. Diputada Provincial (SI en el Frente Progresista)




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