OPINIÓN
Uso de agroquímicos en escuelas rurales
Las denuncias y estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los pedidos in situ y los efectos agudos en niños.
15/10/2014

Las denuncias y estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los pedidos in situ y los efectos agudos en niños.
Fuente: Archivo

A medida que se desarrolló la investigación para el proyecto “Riesgo Ambiental de la Niñez en la Argentina” -realizado por el Defensor de la Nación conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- se fueron recibiendo numerosas denuncias sobre los riesgos generados por la actividad productiva agrícola en comunidades educativas rurales.

Las denuncias y estudios dan cuenta de fumigaciones sin previo aviso en horario de clases, la negativa de los aplicadores a detener los trabajos amén de los pedidos in situ y los efectos agudos en niños: dolor de cabeza, adormecimiento de los labios, sequedad en las mucosas, irritabilidad en la vista, cansancio, náuseas, angustia, entre otros.

Además, como muchas de las escuelas rurales se encuentran alejadas de los centros urbanos, no son protegidas por las ordenanzas municipales que regulan la materia.

Entre las áreas geográficas críticas hubo denuncias por casos en Pampa del Infierno (Chaco), Pampa del Indio (Chaco), Ranqueles (Río Cuarto, Córdoba), Departamento Uruguay (Entre Ríos), Los Toldos (Provincia de Buenos Aires) y Coronel Suárez (Provincia de Buenos Aires), entre otros.

Recordemos que la Ley Nacional de Educación sostiene que los/las alumnos/as tienen derecho a ser protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral; y a desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad del servicio educativo.

Por tanto, consideramos que estos derechos y obligaciones se ven violados cuando deben abandonar las escuelas o refugiarse en las aulas para evitar los efectos agudos que producen las fumigaciones.

Ante esta situación se le recomendó al Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y a los Ministros nacionales y provinciales de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud y a la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, que coordinen medidas precautorias y preventivas para minimizar los riesgos por el uso de agroquímicos, especialmente en cercanía de la población y las comunidades educativas rurales donde asisten niños que se ven expuestos a los tóxicos.

También se les sugirió incluir en el Plan Científico-Tecnológico Nacional, un estudio de las derivas de agroquímicos y las posibles medidas de protección y generar una eficiente interacción entre los investigadores y demás actores involucrados en el modelo productivo que permita optimizar la precaución en base a los resultados obtenidos en el ámbito académico.

Asimismo, se exhortó a los funcionarios responsables de las áreas de Agricultura, Educación, Ambiente, Salud, nacionales y provinciales, Universidades Nacionales, a los Consejos Federales a trabajar sobre el tema de manera conjunta, haciendo hincapié, especialmente en:

a. Las medidas precautorias que resulten necesarias a fin de minimizar los riesgos por exposición a agroquímicos de las comunidades educativas rurales, hasta tanto se concrete una transición hacia modos de producción alternativos que eviten la exposición de los niños a los agroquímicos.

b. Las medidas regulatorias, de investigación y desarrollo, y de extensión y fomento, a fin de que los productores de las zonas donde se ubican las escuelas rurales, implementen modos de producción alternativos que eviten la exposición a los agroquímicos de las comunidades educativas rurales.

c. Los mecanismos de monitoreo y seguimiento de los programas que se desarrollen, a fin de contar con información sobre la presencia de agroquímicos en el ambiente escolar, la exposición de los niños, maestros y padres, la implementación efectiva de las medidas precautorias y los resultados de los programas de reconversión que se implementen. Con participación de todos los actores relevantes, especialmente las comunidades educativas rurales.

Por último, se exhortó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que arbitre los medios necesarios para incentivar la producción agroecológica.

Por Cdr. Carlos Haquim, Secretario General a cargo del Defensor del Pueblo de Nación.




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