OPINION
Fondos públicos: la ley de la transparencia
"Se trata de dinero de todos que el Estado tiene la facultad y la obligación de administrar con buen criterio dentro de la administración pública, en este caso provincial". El autor analiza el caso de los legisladores provinciales.
15/05/2016

El dirigente Gastón Gardiol pone foco en los fondos que disponen los legisladores provinciales.
Fuente: Archivo

Cada uno de los legisladores provinciales santafesinos tiene asignada la disposición de recursos para distribuir bajo el concepto de “subsidio”. Así está establecido en las normas y hasta en la misma Constitución Provincial; además, los senadores y el vicegobernador cuentan con el Fondo de Fortalecimiento Institucional, creado durante la gestión del gobernador Antonio Bonfatti, sumando recursos para distribuir en sus departamentos, que alcanzan la suma de quinientos mil pesos ($500.000) aproximadamente.

Se trata de dinero de todos que el Estado tiene la facultad y la obligación de administrar con buen criterio dentro de la administración pública, en este caso provincial.

Un subsidio es una facultad discrecional de la cual dispone el legislador para distribuir estos fondos públicos y tienen un sustento legal. Nadie discute ese carácter legal, pero resulta imprescindible en la actualidad, la aplicación de un criterio de transparencia ante la opinión pública.

Como es sabido, en la provincia de Santa Fe, el esquema legislativo comprende cincuenta (50) diputados provinciales por un distrito único que es la provincia de Santa Fe y diecinueve (19) senadores provinciales, uno en representación de cada departamento más el vicegobernador. Todos tienen la facultad de entregar subsidios, aunque históricamente, los diputados recibieron mucha menor cantidad de fondos que los senadores.

Ahora bien, ¿pensamos en la legalidad tanto como en la legitimidad del sistema de subsidios? Este sustento legal o constitucional muchas veces no va de la mano con la legitimidad del sistema de subsidios. Es en ese momento cuando uno se pregunta sobre el fundamento de esta facultad -reitero “discrecional”- que tienen los senadores, los diputados y el vicegobernador. Porque hasta tanto no se garantice la transparencia del sistema, seguiremos por lo menos dudando de la legitimidad de la misma.

Un subsidio es una ayuda económica para una necesidad determinada, para un auxilio en un determinado momento, que puede ser para atender una necesidad de salud, una necesidad educativa, de un grupo familiar, de una persona en particular que lógicamente es entendible que muchas veces se busque preservar la privacidad. Pero esto no quita de que a través de diversos mecanismos, como puede ser por ejemplo un sistema de acceso a la información pública, o sino lo más mínimo y elemental de toda persona que dispone de fondos público, que es la rendición documentada de cuentas, en este caso de cada uno de los subsidios.

El envío por parte del Gobernador Miguel Lifschitz a la Legislatura de un nuevo proyecto de Ley de acceso a la Información Pública es positivo. Es un paso importante para la institucionalidad y para la democracia de la provincia de Santa Fe, así que esperemos que sea acompañado y que comprenda también a la posibilidad que tengamos como ciudadanos de pedir a nuestros legisladores o a cualquiera de las dos cámaras legislativas la información que creamos necesaria en un determinado momento.

En Santa Fe Ciudad

Actualmente y desde el año 2008, en la Municipalidad de Santa Fe rige un sistema de acceso a la información pública y su funcionamiento ha sido muy satisfactorio. En la página web del municipio están los requisitos de acceso y el formulario correspondiente, y el trámite es presencial o por correo, con identificación del solicitante, que puede ser una persona física o jurídica, que tiene que fundamentar con qué fin utilizará esa información, garantizándose así el derecho, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno y atendiendo al carácter de bien social que ostenta la información pública.

Todo acto administrativo, toda gestión, toda información que se genera en el Estado tiene ese carácter de público. Muchas veces debe preservarse a terceros interesados obviamente por razones lógicas de privacidad de un grupo familiar o de una persona, pero la información, el dinero que entra y el dinero que sale, tiene que estar a disposición del ciudadano en todo momento.

Este sistema, en la Municipalidad de Santa Fe contempla quince días hábiles para responder, aunque en algunos casos se reduce hasta cinco días y si no se responde dentro del plazo, rigen mecanismos de sanción hasta para el funcionario que no cumple con esa exigencia de brindar información pública. Un caso concreto y exitoso que podría aplicarse al ámbito legislativo, lógicamente con sus mecanismos administrativos específicos.

El dinero que generamos con nuestro esfuerzo cotidiano y que tributamos en cumplimiento de nuestras obligaciones, debe tener un destino acorde en función del bien común. Un argumento suficiente para reclamar por la transparencia de su asignación desde las esferas gubernamentales y legislativas.

Autor: Gastón Gardiol | Dirigente de la UCR. Director Ejecutivo del Programa de Servicios a Empresas del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe.




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