LA RELACIÓN ENTRE SUS NUEVOS DUEÑOS Y EL LAVADO DE DINERO
El Banco de Santa Fe y la pesadilla de su privatización
La detención de los hermanos Rohm actualizó una catarata de denuncias que hasta el momento aguardaban por lo menos un juez para la causa. Pasos, vericuetos, protagonistas y secuelas de un oscuro y controvertido proceso.
Por Ivana Fux
21/01/2004

Juan Carlos Mercier, actual ministro de Hacienda del Gobierno de Carlos Reutemann, prorrogó en 2001 el contrato como agente financiero, a cambio de una reducción de las onerosas comisiones que el Nuevo Banco de Santa Fe se lleva por administrar los fondos públicos.
Fuente: Archivo El Cronista Regional

La embestida judicial de los últimos días contra los hermanos Rohm tocó de cerca a Santa Fe. La detención de Carlos y el pedido de captura para su hermano, José, por presunto lavado de dinero volvieron a reflotar la turbia historia de la privatización del ex Banco Provincial.

Carlos es el Presidente de la Banca General de Negocios (BGN), el interesado más fuerte que se había presentado en aquel llamado a licitación, en 1997. Por esos meses, el entonces ministro de Hacienda, Hugo Garnero, relataba orgulloso que dicha entidad estaba integrada por capitales de los Bancos más fuertes del mundo : El Chase Manhattan, el Dresdner Bank y el Credit Suisse. El elogio llegaba incluso a justificar la presencia en el directorio de hombres tristemente recordados en la Argentina por su vinculación con la Dictadura Militar. Figuras de esa talla fueron, por ejemplo, Alfredo Martínez de Hoz y Adalbert Krieger Martínez.

Una vez ejecutada la venta, José terminó siendo titular del Nuevo Banco de Santa Fe. Aquellos días lo vieron pasearse con su figura esbelta por los pasillos de la Casa de Gobierno. Con su voz grave no se cansaba de destacar ante los micrófonos la transparencia con la que se había concretado la operación. Y con el mismo tono aseguraba que no correría riesgo ni un sólo puesto de trabajo.

La provincia se endeudó en ese momento en 160 millones de pesos. Los recursos fueron cedidos por el Fondo Fiduciario para poder "costear" el proceso de privatización. Sin embargo, el banco fue vendido en apenas 57 millones de pesos.

La venta generó varios reclamos judiciales que advertían sobre supuestas irregularidades. Por esas mismas presentaciones y según lo establecía un primer convenio, el dinero que debía pagar el BGN fue depositado en una cuenta del Banco Central. El precio debía permanecer allí "congelado" hasta tanto se resolvieran los litigios. Pero un acuerdo secreto firmado a posteriori permitió que los dineros se transfirieran a una cuenta del propio Banco de Santa Fe. La provincia pudo usar finalmente el dinero pero la operación no fue gratuita. Los fondos volvían a manos de quien los había pagado y el depósito terminó generando cerca de tres millones de intereses a su favor. Según el acuerdo, los riesgos corrían sólo para el gobierno santafesino, ya que si los fallos judiciales le eran adversos, la provincia debía devolver el dinero recibido.

La privatización dejó en el camino convenios ocultos, decretos firmados pero no publicados en el Boletín Oficial, beneficios prácticamente nulos para el Estado y una cadena de sospechas.

En la actualidad, la justicia santafesina investiga una denuncia penal formulada por ex abogados del NBSF contra el entonces gobernador Jorge Obeid y su ministro de Hacienda, Hugo Garnero. A fines de diciembre del 2001, los denunciantes presentaron documentación y elementos probatorios al fiscal de la causa, Héctor Millen.

En las últimas horas, Carlos Reutemann opinó que lo acontecido en torno al BGN y a los hermanos Rohm "no tiene correlato" con lo que sucede en Santa Fe. "Hay que analizar los cumplimientos del Banco de Santa Fe y atender a alguna observación del Banco Central", sostuvo.

Pero no puede soslayarse que si bien la venta se concretó en la gestión anterior, es responsabilidad de la presente haber renovado anticipadamente el contrato para que el NBSF se desempeñe hasta el 2008 como agente financiero de la provincia. Esa relación contractual vencía, en principio, el próximo año. Pero fue el actual ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, quien negoció la extensión. Mientras el Banco era privatizado, Mercier se desempeñaba como diputado provincial. Más tarde y desde su sillón de ministro declaró haberse sentido "en soledad" cuando presentó proyectos alternativos al que se proponía desde el Poder Ejecutivo para vender la entidad crediticia. Pocos meses después terminó prorrogando el contrato como agente financiero, a cambio de una reducción de las onerosas comisiones que el Nuevo Banco se lleva por administrar los fondos públicos.

Conocida la noticia sobre los hermanos Rohm, lo que para Reutemann no tiene implicancias directas en la provincia generó una advertencia por parte del diputado Carlos Favario : "Si no existiera el corralito, el Nuevo Banco de Santa Fe hubiera sido víctima de una corrida de depósitos por parte de sus ahorristas que podría haber significado la quiebra". Favario fue el primer legislador que desde su banca denunció recurrentemente las irregularidades que se cometieron durante un proceso con demasiados puntos oscuros y grises.




Leer mas sobre