Las senadoras socialistas Patricia Sandoz y Marta Nardoni presentaron un proyecto de comunicación a través del cual se solicitó al Poder Ejecutivo que declare la emergencia vial en el territorio provincial, convocando al Consejo Provincial de Seguridad Vial para que realice un llamado de alerta a todos los organismos comprometidos, y coordine una serie de acciones tendientes a brindar protección inmediata a los usuarios de la vía pública.

El proyecto plantea la necesidad de promover la educación vial, formal y no formal; intensificar la fiscalización sobre las empresas concesionarias de servicios y personas prestatarias; ejecutar en forma intensiva la facultad de control de infracciones de tránsito, con un control permanente del uso del cinturón de seguridad en el tráfico, de todos los dispositivos de seguridad obligatorios y de la revisión técnica obligatoria.

En los fundamentos del proyecto, Sandoz expresó que "la iniciativa surge ante la impostergable necesidad de reconocer que el estado de la seguridad vial en nuestro país y en nuestra provincia resulta inadmisible, y que hasta el momento han resultado ser insuficientes todas las estrategias impulsadas para revertir la situación”.

“Las colisiones de tránsito constituyen la primera causa de muerte para las personas menores de 45 años de edad, y la tercera causa de muerte cuando se consideran todos los grupos de edad. Durante el año 2004 murieron en Santa Fe 627 personas, siendo la segunda provincia con mayor incidencia de siniestros viales, a la que le siguen Buenos Aires y Córdoba", explicó la legisladora.

Más adelante señaló que "siempre y en todos casos, los mal llamados ‘accidentes’ son hechos prevenibles y previsibles; por ello, no debemos acostumbrarnos a sus terribles consecuencias. Entendemos que la declaración de emergencia en materia vial deberá instar a todos los sectores involucrados a configurar una definida política estatal unificada, atendiendo a la multiplicidad de aspectos estructurales y culturales que les dan origen, evitándose así que la problemática se vea agravada notoriamente por la situación de fragmentación normativa y de aplicación de los controles del Estado”, sostuvo Sandoz.