Finalmente, la Cámara de Diputados de Santa Fe en su última sesión votó un proyecto -remitido al Senado para su transformación en ley- que establece una veda pesquera anual de 90 días de las especies de la fauna ictícola, cuyo proceso natural de reproducción viene siendo perjudicado sistemáticamente por la pesca indiscriminada e ilegal. La veda será en los meses de noviembre, diciembre y enero, aunque en esta primera vez entrará en vigencia una vez promulgada la norma. El proyecto original había sido elaborado por Santiago Mascheroni (UCR).
En el mismo sentido, se determinó una ayuda económica a los pescadores para ese lapso de tiempo. Se determinó que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente convendrá con municipios y comunas un relevamiento del número, identidad y composición del grupo familiar a cargo de los pescadores comprendidos en la veda. Cada grupo percibirá una ayuda económica mensual. También se creó un fondo de manejo sustentable de los recursos pesqueros, y se subió el valor de la tasa de fiscalización estableciendo para los frigoríficos de pescado la obligatoriedad de presentar, año a año, un programa de repoblamiento de especies autóctonas.
El bloque de diputados del PJ había propuesto incorporar una serie de reformas al proyecto original, las cuales fueron consideradas: veda permanente todos los años, por el término de 90 días durante los meses de noviembre, diciembre y enero, de toda la fauna ictícola por métodos distintos al de la tanza con anzuelos; con el objeto de permitir durante dicho período el desobe habitual de todas las especies; la creación de un Fondo de Ayuda económica a Pescadores en Período de Veda, a efectos de asistir a los pescadores comerciales y artesanales durante el período de la veda; contribuir a normalizar la situación previsional de los pescadores; la previsión de una Tasa de Fiscalización para productos de pesca comercial, de modo tal que permita, a través de su percepción, la recaudación mínima suficiente para financiar el Fondo de Ayuda a Pescadores en Período de Veda, y la pesca con restitución, esto es, los que comercializan la pesca en cantidades que alteran o dañan el medio ambiente –que es de todos–, deben contribuir a restablecer las condiciones de equilibrio.
Los justicialistas habían propuesto ”la obligación de toda persona física o jurídica que adquiera productos de pesca de río con destino a la exportación, de elevar anualmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable un plan de repoblamiento y/o devolución al medio, de especies ictícola autóctonas en relación proporcional a la masa comercializada según la especie”.
Los objetivos generales planteados apuntan a sustentar un sistema de pesca para el presente y futuro evitando y previendo la depredación del recurso pesquero; que el mismo sistema genere recursos económicos para sustentar el costo social de la preservación que genera la veda; que el mismo sistema genere propuestas e inversiones para mantener las condiciones ecológicas y naturales del río.
Desde la oposición
Por su parte, el diputado Marcelo Brignoni (Encuentro) consideró que “esta decisión, aunque insuficiente, es un avance en relación a la necesidad de preservar los recursos naturales de nuestra provincia, y a debatir un plan sustentable de desarrollo socioeconómico de las actividades vinculadas al Río Paraná. Es lamentable que el Ejecutivo Provincial haya evitado pronunciarse durante estos casi tres años, y que hoy algunos de sus legisladores hayan vuelto a defender a los frigoríficos depredadores como lo hicieron. También es cuestionable su decisión, que no compartimos ni hemos votado, de seguir reconociendo a los frigoríficos depredadores como un actor privilegiado del debate sobre el futuro de nuestros ríos”, expresó.
“A pesar de ello, la inocultable necesidad de adoptar medidas firmes en defensa de la situación, ha hecho que el oficialismo, después de negarse durante más de dos años, haya admitido la necesidad de una veda”, concluyo Brignoni.
