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Política
DEBATE POR EL DERECHO A LA SALUD EN SANTA FE
El Gobierno provincial de Santa Fe anticipó que impulsará un Sistema Único de Salud con Gerenciamiento Público

El desafío plantea la necesidad de redefinir el modelo de salud pública sobre la base de una reforma integral que posibilite acceso universal a un sistema de salud pública descentralizado, con la tutela del Estado pero con la participación activa de la sociedad civil. El flamante Ministro de Salud, Miguel Capiello, dio a conocer los detalles del programa sanitario. El derecho a la salud es un de uno de los debates pendientes en la Argentina, frente a un Estado subsidiario que sostiene hospitales públicos para pobres, sin eficiencia, tecnología ni recursos profesionales suficientes. Un modelo que está al borde del colapso.

Por Luciano Andreychuk
Redacción El Santafesino
20/12/2007

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Días atrás se realizó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) una charla-debate sobre “Análisis político, económico y social del derecho a la salud”, evento que fue organizado por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la casa de altos estudios y auspiciado por Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Sociedad Médica de Rosario y el Colegio de Farmacéuticos 1° y 2° Circunscripción. EL encuentro contó con la participación de tres distinguidos panelistas: el nuevo Ministro de Salud de Santa Fe, Miguel Ángel Capiello, el académico Carlos Vassallo -Escuela de Sanidad, Facultad Bioquímica -UNL- y Mario Rovere -Instituto Lazarte - Universidad Nacional de Rosario.

Este espacio de intercambio sobre el derecho a la salud en Santa Fe, la Argentina y América latina, sirvió para reflexionar sobre las deficiencias del actual modelo sanitario y los desafíos de reforma que ha emprendido en nuevo Gobierno provincial, en pos de garantizar un acceso a un sistema de salud universal, público y participativo, con base en directrices descentralizadoras.

En primer lugar, Carlos Vasallo expuso un pormenorizado cuadro de situación sobre el derecho a la salud en Latinoamérica, remarcando que las variables sociales de exclusión y desigualdad son factores clave que convergen en la consolidación histórica del modelo de salud asistencialista y subsidiario -salvo algunas excepciones, tal el caso de Brasil.

“La democracia, para consolidarse como sistema, tiene que avanzar en todo lo referente a los derechos sociales, permitir la superación de los problemas de desigualdad e inequidad. La brecha cada vez más amplia entre ricos y pobres genera la emergencia de gobiernos populistas que no representan los intereses comunes de la sociedad. La redistribución del ingreso, la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades son cuestiones que tocan lleno el derecho a la salud”, refirió, para remarcar luego que “las democracias se asientan y consolidan a partir de ciudadanos alimentados, educados, creativos y fundamentalmente sanos”.

El contexto latinoamericano en cifras

Vivimos en un continente atravesado por las desigualdades. América latina cuenta con los niveles más altos de inequidad en el mundo, según estudios del BID. “En Latinoamérica el 10 % de los que tiene mayores ingresos gana 84 veces más que el decil inferior. Esta parte del continente tiene toda una historia de exclusión, de ausencia del modelo de Estado abierto, de bienestar, que contemple a los ciudadanos en igualdad de condiciones políticas y civiles. Vivimos entre Estados subsidiarios”, afirmó Vassallo.

Los países más desarrollados son lo que presentan menores índices de inequidad social. Así se destacan los países de Europa del norte (Suecia, Dinamarca, Noruega). Según en índice de GINI -que permite medir porcentualmente la inequidad socioeconómica-, éstos y otros países del Viejo Continente tienen un promedio de desigualdad de 0,25/0,30, mientras que América latina tiene 0,50/0,55. “En nuestro continente más de 100 millones de personas no tiene acceso a cobertura básica de salud y 160 millones no tienen acceso al agua potable. Son 82 millones los niños que no tienen acceso a programas de inmunización. Este es el dramático cuadro de situación”, clarificó.

¿Qué pasa en la Argentina? Con 18 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, el 84% accede al sistema público de salud, y de ese porcentaje un 44% de los medicamentos bajo prescripción son adquiridos con recursos propios (la plata sale del bolsillo de la gente). Este es un indicador clave. El 20% de los hogares más pobres destina el 78 % de sus ingresos a la salud y a la compra de medicamentos, en tanto que el 20% más rico sólo gasta en salud el 40 %, porque puede tener cobertura de medicina prepaga.

Vasallo explicó que “en la Argentina nunca tuvimos un debate abierto y profundo sobre el derecho a la salud. La reforma constitucional de 1994 produjo una serie de avances en esta materia, pero nuestros hospitales fueron creados para la atención de los pobres, desde un modelo asistencialista-subsidiario. Esta es una impronta que hay que desterrar, porque el sistema de salud es segmentado, no es igualitario para todas las personas, independientemente de su posición socioeconómica. No concibe el concepto moderno de ciudadano, a partir del cual todos somos iguales en el acceso a la salud”, destacó.

Un dato clave: en el Gran Rosario un 27 % de la población no tiene cobertura médica, mientras que en el Gran Santa Fe esa cifra asciende el 34 % y en el Gran Paraná al 33 %.

Las posibles salidas desde la perspectiva económica

“Necesitamos incorporar elementos que sean efectivos y descartar aquellos -medicamentos, instrumental, etc.- que no incorporen utilidad terapéutica. Adoptar una mirada interdisciplinaria: incorpora estudios de costos para incorporar medicamentos tecnología que se justifique n por su utilidad terapéutica, hay que racionalizar los recursos que siempre son escasos. Esta es la base para pensar un análisis socioeconómico para un nuevo sistema de salud inclusivo, con financiamiento público, igualitario, accesible y universal”, explicó el especialista.

“Debemos pensar en la necesidad de tener un pool de riesgo, equidad en la capacidad de pago, eficiencia en la gestión y mayor eficiencia en priorizar y seleccionar; reducir los casos en los que la gente tenga que desembolsar dinero dentro del sistema público, lo que implica mejorar la distribución entre ricos y pobres”.

“Será clave iniciar un diálogo fructífero entre la Ciencia y el Gobierno: esta será la base sobre la cual se empezarán a construir políticas públicas más adaptadas a las necesidades de la gente. La pregunta central es cómo construir un sistema de salud gratuito, universal, de amplia accesibilidad por sobre ciertos intereses políticos, sindicales, o las obras sociales provinciales”, dijo Vassalllo.

La descentralización del sistema de salud público

Miguel Ángel Capiello, flamante Ministro de Salud de Santa Fe, expresó con énfasis que desde la nueva administración provincial “nos proponemos lograr una reforma integral y participativa del sistema de salud público. Para poder llevarla a cabo necesitamos un Estado desburocratizado, descentralizado: llegar efectivamente hasta donde están las necesidades concretas de la comunidad. Un Estado más cercano a la gente”.

La salud es un valor social, un bien público fundamental que debe ser garantizado por el Estado con integridad y equidad. En este sentido, la descentralización es un mecanismo dinamizador de procesos democráticos más participativos en los que aparece un mayor involucramiento de la ciudadanía. “Desde esta perspectiva, se posibilitará la mejora en la calidad de vida de la gente. Queremos implementar un Sistema Único de Salud de Gerenciamiento Público que establezca los mecanismos de coordinación con los distintos sectores de la salud la ciudadanía toda”, destacó el funcionario.

“Queremos cimentar un sentido compartido por los funcionarios los trabajadores de la salud pública y los ciudadanos, cargado de valores relacionados con el concepto de democracia, participación, equidad, compromiso, responsabilidad y autonomía”.

Capiello insistió: “Deberemos iniciar un debate profundo sobre qué modelo de salud queremos pero sobre las directrices de una mayor democratización, desburocratización y descentralización. Debemos superar las antinomias gobierno vs. sociedad, y lo público vs. lo privado. El Estado deberá seguir siendo responsable y garante de la salud y la educación. Pero la tarea se construirá sobre el diálogo permanente entre todos los actores sociales”.

“Así se podrá establecer un nuevo contrato Estado-ciudadano, donde la participación social y la integración social contribuyan activamente a un mejoramiento de la salud. Pero para asumir la responsabilidad política en salud deberá articularse una red básica de servicios: efectivizar interconsultas, establecer las referencias y contrarreferencias, las internaciones, etc. Hay un punto importante: nada de esto se podrá hacer sólo con leyes o con disposiciones normativas, como decretos y demás. Esto se logrará a partir de una construcción permanente entre trabajadores de la salud y comunidad, donde desde abajo hacia arriba podemos ir edificando este nuevo modelo de salud pública”, concluyó.



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