FUE PRESENTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE
Denuncia penal por la usurpación de viviendas
"Entendemos que la usurpación constituye un delito y es asimilable a un robo; creemos que no se debe permitir ni se deben legitimar situaciones como las que se viven en los barrios Santa Rita II y Las Delicias", explicaron los secretarios de General y de Gobierno, Carlos Pereira y Adriana Molina, respectivamente.
Redacción El Santafesino
11/04/2012

La Municipalidad de la ciudad de Santa Fe se presentó como querellante ante la Justicia con la intención de que se investigue la toma por la fuerza de las casas de los planes habitacionales y además que se busque una solución para "respetar los derechos tanto de los ocupantes como de los vecinos que viven en la zona".
Fuente: Gobierno de la ciudad de Santa Fe

En el segundo piso del Palacio Municipal, los secretarios de Gobierno, Adriana Molina, y General, Carlos Pereira, realizaron una conferencia de prensa para dar detalles de la presentación judicial que realizó la Fiscalía Municipal en relación a las viviendas usurpadas en los barrios Santa Rita II y Las Delicias.

En ese sentido, la Municipalidad se presentó como querellante ante la Justicia con la intención de que se investigue la toma por la fuerza de las casas de los planes habitacionales y además que se busque una solución para "respetar los derechos tanto de los ocupantes como de los vecinos que viven en la zona".

Daño

"Se realizó una presentación judicial por pedido del intendente José Corral a través del Fiscal Municipal, relacionado a la usurpación de las viviendas de los barrios Las Delicias y Santa Rita II. Entendemos que la usurpación constituye un delito y es asimilable a un robo, creemos que no se debe permitir ni se deben legitimar situaciones como ésta que concretamente son robo de viviendas que son de todos y todas, porque es el patrimonio del Estado y de los ciudadanos de Santa Fe", detalló Molina.

Siguiendo esa línea, la funcionaria agregó: "Este robo de viviendas conlleva un daño a la salud, a la seguridad pública, al ambiente y al patrimonio de la ciudad de Santa Fe, por lo cual entendemos que tenemos la legitimación suficiente como para poder presentarnos en esta causa judicial". La presentación es "una denuncia penal en la defensa de los derechos colectivos y los intereses difusos avalados por el artículo 121 del Código Procesal Penal", remarcó.

Aporte de datos

Por su parte, el secretario General, Carlos Pereira, manifestó que "si bien hay algunas necesidades habitaciones concretas en varios grupos familiares, pudimos constatar que ni siquiera se trata de la mayoría de los que hoy están usurpando. Aquí están actuando grupos organizados. Uno de ellos muy conocido es la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que tuvo históricamente una actitud extorsionadora y chantajista hacia el Estado: fue la protagonista de los cortes en la Ruta 168 y ahora con esta expropiación de viviendas".

Agregó también que "hemos constatado la actuación de otros grupos políticos, de punteros políticos en concreto que pertenecen a otras fuerzas políticas, lo que no quiere decir que sean enviados por los propios partidos políticos. Tenemos constatada esta información y vamos a aportar a la Justicia números de patentes de vehículos que entraron y salieron del lugar en estos días y nombres concretos de las personas que participan de estas actividades".

Desmantelamiento

El funcionario municipal denunció además que "están operando otros intereses". "Constatamos intentos de ventas de distintas propiedades: se ofrecieron a otras personas por 1.500 pesos, y paralelamente se ha iniciado el desmantelamiento de estas viviendas; es decir que se están vendiendo los materiales, lo que indica que no hay una necesidad de satisfacer la demanda habitacional sino hay actividades delictivas", agregó el secretario General.

Para Molina, además del desmantelamiento, "lo concreto es que en 24 horas se robaron viviendas del Estado: 184 primero y 84 después, en dos barrios, con lo cual sin dudas existe algún tipo de organización. Nosotros podemos tener algún dato, pero creo que le corresponde a la Justicia la investigación. Por eso nos presentamos a la causa para aportar todos los datos que tenemos". Además, la funcionaria le pidió a los vecinos que se acerquen pruebas a la Municipalidad, al área de Derecho Ciudadanos para incorporar a la causa a través de Fiscalía", agregó.

Al ser consultado sobre si esas personas se deben desalojar del lugar, los funcionarios coincidieron en que sí, pero aclararon que no avalan "que sea por la fuerza". "Acá es importante que la Justicia se expida claramente acerca de la legalidad o ilegalidad, que es lo que nosotros estamos reclamando acerca de esta situación. Por supuesto que nadie va a promover situaciones de violencia y no se va a llegar a situaciones que puedan atentar contra la seguridad física y personal de nadie", dijo Carlos Pereira. Y más adelante agregó que "lo importante es que las cosas queden claras en materia jurídica y que la Justicia diga que estamos ante un robo de vivienda. A partir de ahí hay que llevar adelante un trabajo para sacar estas familias, reubicarlas, llevarlas hacia donde corresponda, pero tiene que quedar claro el marco de derecho en el cual nos movemos, y por eso nosotros también vamos a la Justicia". Adriana Molina se sumó a las expresiones de su par y agregó: "Hay mucha gente en Santa Fe, más de 4 mil familias, que tienen necesidad de vivienda, y nosotros creemos que debemos acompañar a la gente de la ciudad que hace las cosas bien".

Preocupación de los vecinalistas

Al respecto, Pereira aclaró que "el reclamo de la Municipalidad es en defensa de los derechos colectivos de los vecinos de la ciudad, pero también en defensa de los derechos de los vecinos de los barrios que viven en torno a estas zonas ocupadas. Hay muchos vecinos que hace días que no abandonan sus casas por temor a que sean también víctimas de algún nivel de usurpación. Fuimos convocados por 40 entidades vecinales que nos pidieron una reunión para manifestarnos la preocupación por toda esta situación, porque esto despertó una gran inquietud entre los vecinalistas. Creemos que aquí es donde la Justicia tiene que poner un límite; después en la práctica hay que trabajar con todos los dispositivos del estado, de Desarrollo Social, de Vivienda, también de Seguridad".




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