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DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN
"La descomposición social es sufrida principalmente por niños y adolescentes"

El ombudsman nacional elevó un informe ala Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo de la Nación y a los presidentes de ambas cámaras del Congreso donde pone de manifiesto la crítica situación que afecta directamente el cumplimiento de los derechos humanos de los niños y adolescentes del país.

Defensoría del Pueblo de la Nación
21/01/2004

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El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino señala que se deben promover, planear y ejecutar cambios en la estructura social y económica del país para mejorar el índice del desarrollo humano de niños y adolescentes. "No se puede seguir tolerando la situación de pobreza en la que se encuentran inmersos millones de niños y se debe movilizar al Estado para que las políticas económicas actuales no sigan generando estos índices de exclusión social infantil", indicó.

Para la elaboración del informe se utilizaron datos que abarcan hasta el año 2000 y corresponden a la Encuesta Permanente de Hogares. No se incluyeron las cifras parciales que viene arrojando el último Censo Nacional del INDEC (Octubre 2001), lo cual estaría reflejando un agravamiento del cuadro general de situación a continuación descripto.

Pobreza y exclusión

En nuestro país alrededor de 4 millones de chicos y jóvenes de hasta 18 años provienen de familias con necesidades básicas insatisfechas. Se debe tener muy en cuenta que la niñez, proporcionalmente, ocupa un espacio de mayores privaciones que el promedio de la sociedad. Así, por ejemplo, la incidencia de la pobreza entre los menores de 18 años duplica a la del resto de la población.

Según proyecciones oficiales, en Argentina viven actualmente casi 9,5 millones de personas entre los 15 y 30 años de edad. De ellos, 1,2 millones de jóvenes (el 12,8%) no estudian ni trabajan: han sido excluidos del tejido social común.

Además, en los últimos 25 años los índices de pobreza aumentaron un 60% entre nosotros.

Salud y esperanza de vida

Consigna el Ombudsman nacional que en nuestro país tanto el Producto Bruto Interno (PBI) de $ 7.978 por habitante como el gasto en salud por habitante de $ 650 no guardan relación con los indicadores de mortalidad infantil y materna.

Otros países, con un menor gasto por habitante y con un PBI más bajo, logran comparativamente mejores resultados.

Argentina tuvo una mortalidad infantil de 19, 1 por cada mil nacidos vivos, Uruguay 16, Costa Rica 12, Chile 11,1 y Cuba 9,4.

Educación: deserción

El sistema escolar argentino, señala Mondino, tiene problemas para favorecer el desarrollo de trayectorias escolares satisfactorias para todos los alumnos, tanto en el nivel primario como en el medio.

Alumnos de primaria con más edad que la esperable para el grado que cursan (22%); repitencia del 5,3% en el conjunto que se eleva al 12% en las provincias de Corrientes, Misiones y Santiago del Estero y fracaso escolar más frecuente en la educación media (17,8%) son cifras por demás expresivas de esa inquietante y progresiva incapacidad de la educación.

Trabajo infantil

Hay más de 250 mil niñas y niños de hasta 14 años que trabajan en el ámbito urbano y por los menos 68 mil lo hacen en zonas rurales.

Los adolescentes representan el 53,8% de la población económicamente activa del país, pero sólo trabaja el 41,8%. De estos últimos el 43% -4 millones de jóvenes- tienen un empleo "informal", es decir que trabaja en negro y gana un sueldo promedio de 422 pesos. Este empleo irregular llega al 64% entre los chicos de 15 a 19 años, que mensualmente perciben un promedio de 216 pesos.

Explotación sexual infantil

Por definición, la explotación sexual infantil se caracteriza como aquella actividad en la que una persona usa el cuerpo de un niño o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual, basándose en una relación de poder y ya sea a cambio del pago de dinero o especies, con o sin intermediación, es decir, haya o no alguna forma de proxenetismo.

Se ha comprobado que la mayoría de los niños prostituidos dependen siempre de un intermediario adulto o mayor y que se entablan relaciones mútuas de dependencia y sometimiento.

Estas realidades se conectan en el nivel de las causas y efectos en el próximo ítem que aborda el Ombudsman.

Pornografía infantil por Internet

El uso de las comunicaciones informáticas virtuales amplió enormemente la posibilidad de cometer esta clase de delitos.

Es indudable que navegando por Internet se puede acceder a toda clase de imágenes y objetos obscenos o pornográficos.

En nuestro país se vienen produciendo últimamente acciones judiciales e investigaciones que han permitido reconocer la gravedad, actualidad y extensión de estos delitos.

Para el Defensor del Pueblo de la Nación surge entonces la necesidad de establecer un marco legal habilitante que permita intervenir operativamente en el descubrimiento de uno de los modos más ocultos y perversos de quienes intervienen en el sometimiento de los niños y participan de un sistema criminal internacionalmente organizado.

Violencia y maltrato infantil

La violencia intrafamiliar generó, en el año 2000, más de 13 mil llamadas al Gobierno porteño para denunciar maltrato y abuso de bebés, chicos y adolescentes. De ese total se determinó que el 53,2% de las víctimas fueron niñas y como principales victimarios fueron señalados los padres (45.8%).

Casi la mitad de los casos correspondieron a maltrato físico y el 19,8% a maltrato emocional.

El 17,6% de los chicos son testigos de la violencia, el 8% son víctimas de negligencia y el 6,9% son abusados sexualmente.

De acuerdo con las estadísticas nacionales sólo se denuncia el 10% de los casos, por lo que es correcto afirmar que todos los datos conocidos muestran apenas "la punta del iceberg".

Derecho a la identidad

En virtud de un convenio celebrado con la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Defensor del Pueblo de la Nación está desarrollando un Programa de Derecho a la Identidad. Por el mismo se brinda el apoyo y la cooperación de la Institución en la búsqueda de los orígenes biológicos de todas aquellas personas que han visto vulnerado su derecho a la identidad legítima.

De los casos presentados ante el Ombudsman surge que las personas que se acercan, en su mayoría, están inscriptas como hijos propios en la partida de nacimiento y se enteraron que no eran hijos biológicos a partir de la revelación de algún familiar.

Estos emergentes confirman la vulnerabilidad del sistema para controlar la identidad de un recién nacido, así como el encubrimiento y la impunidad de quienes compran, venden y se apropian de menores.

Institucionalización de menores

La situación de los jóvenes en los institutos y centros de rehabilitación de la provincia de Buenos Aires no es la más adecuada.

El Defensor del Pueblo de la Nación ha realizado un relevamiento en los institutos de menores de la ciudad de Buenos Aires y ha surgido que la mayoría -jóvenes entre 15 y 21 años de edad- desconocen sus derechos. La situación se agrava porque los menores provienen de familias de escasos recursos y entonces carecen de una defensa apropiada.

Supeditados a defensores oficiales y a personal de las asesorías que escasamente acuden a interiorizarse de los casos, los menores están en pleno desvalimiento. Hay en este campo una grave vulneración al principio constitucional de la debida defensa y al de igualdad (artículos 16 y 18 de la Constitución Nacional) y artículo 40 de la Convención Internacional sobre los derechos del Niño.

Otra de las problemáticas -la superpoblación de los institutos de menores- agrava y complica la situación en territorio bonaerense. Oportunamente el Defensor del Pueblo formuló exhortaciones para que se remediara la situación, pero con el paso del tiempo la misma no sólo no mejoró sino que se agravó notablemente.

En virtud de este cuadro, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires resolvió instituir en el ámbito del Patronato de Menores de la Suprema Corte de Justicia, un Registro de Denuncias por malos tratos. Desde su implementación, en el año 2000, se han registrado 802 denuncias por torturas.

Conclusión

Finaliza Mondino el informe señalando que "hoy, ya en pleno siglo XXI, nadie duda ni siquiera cuestiona que los niños y los adolescentes son sujetos de derecho. No se trata de justificarlos, sino de garantizar su cumplimiento, es decir, no es un problema filosófico sino de voluntad política".

Eduardo Mondino-Defensor del Pueblo de la Nación



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