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Sociedad
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
La localización de nuevas cárceles es un dolor de cabeza para el gobierno de Santa Fe

La crisis carcelaria está latente. Y el problema de la insuficiente estructura para alojar presos tiene años y se agravó con el incremento del delito. Las ideas y los proyectos. El rechazo popular.

Por Lic. Exequiel Kay
Redacción
16/04/2004

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  La Cárcel de Coronda es uno de los casos permanentes de conflicto que denotan la crisis carcelaria en la provincia de Santa Fe. Recientemente se evacuó el pabellón 5 y se comenzaron tareas de refacciones. En 1990, los institutos penitenciarios provinciales albergaban a 1170 presos; el número creció levemente en 1991 (1291) y hasta se redujo en los dos años subsiguientes (1236 en 1992, y 1186 en 1993). Pero a partir de 1995, la población carcelaria comenzó -y no ha cesado- a aumentar a un promedio de cien reclusos por año.
Fuente: Archivo

En agosto de 2002, El Cronista Regional planteó la problemática carcelaria en la región a partir de proyectos en las localidades de Laguna Paiva y Recreo (ver notas relacionadas). Hoy la polémica vuelve al tapete a partir del rechazo de la comunidad ante la posible instalación de un penal en La Gallareta, al tiempo que se relanza la idea de una cárcel en los ex talleres ferroviarios de la otrora ciudad del riel.

Las diferencias entre la percepción del problema por parte de la comunidad y las propuestas del gobierno de turno, surgen tanto a partir de prejuicios e improvisaciones, como de razones fundadas y de necesidades ciertas.

La creciente inseguridad en las áreas urbanas sensibiliza a la población al momento de plantearse debates en torno de la construcción de nuevas cárceles. Los motines y las constantes denuncias acerca de las condiciones infrahumanas de los detenidos obligan al gobierno a buscar soluciones que no siempre son acertadas.

La cuestión central en este complejo escenario pasa -en el plano oficial- por impulsar proyectos debidamente argumentados por sobre ideas (que a veces aparentan ser globos de ensayo), en tanto que en plano civil, por informarse y debatir en torno de los pro y contra de estas iniciativas.

Desde el gobierno, suele argumentarse la importancia de la construcción de cárceles con la creación de nuevos empleos por encima del problema real que es el hacinamiento de la población carcelaria que por años no se previó.

Desde la sociedad civil podría exigirse a cambio la reactivación industrial en los emplazamientos que en muchas casos hoy son propuestos para levantar penales, estructuras fantasmales que dejaron décadas de políticas neoliberales.

El punto de partida de la polémica tiene lugar en la falta de recursos para nuevas construcciones y en la necesidad recurrir a edificios existentes para responder a la crisis carcelaria. En ese contexto, sería coherente un acercamiento de las autoridades con las comunidades potencialmente receptoras de nuevas cárceles para un estudio a fondo de los proyectos.

La perspectiva de los Derechos Humanos

Un argumento fundamental para la construcción de nuevas cárceles en la provincia de Santa Fe "es el ser humano" planteó el secretario de Derechos Humanos, Domingo Pochettino, al ser consultado por El Cronista Regional On Line sobre este problema.

"Hoy los presos viven en condiciones que no son adecuadas para un ser humano. Que hayan delinquido, que deban purgar su condena, no quiere decir que haya que someterlos a condiciones infrahumanas. Realmente, los reclusos viven muy mal" enfatizó el funcionario.

Pochettino sostuvo que en primer lugar se necesita más espacio -es decir, construir nuevas cárceles-, pero en segundo lugar, cómo y con qué política. Allí radica otro gran tema: qué queremos hacer del tránsito de una persona por la cárcel" reflexionó.

A partir del precepto constitucional que señala que las cárceles deben ser lugares para favorecer la reinserción del individuo en la sociedad, admitió que en las condiciones que está hoy el sistema carcelario en Santa Fe, esa posibilidad "es casi un milagro que depende de la voluntad de cada uno de los detenidos" al momento de salir de la cárcel.

El titular de la secretaría de DDHH advirtió que "es muy difícil" adoptar políticas ante un problema de falta de infraestructura tan evidente. "Los presos deberían desarrollar acciones recreativas, intelectuales, laborales, que hoy están condicionadas por el espacio. Las canchas de fútbol se transformaron en pabellones" ejemplificó.

El grado de conflictividad actual y la histórica perversidad del sistema, tienen directa vinculación con una demanda social candente: la seguridad. "Por eso -opinó Pochettino- con el aumento de las penas, el resultado es el mismo. Debemos observar los factores reales del delito -por ejemplo, la exclusión social-, pero cómo hacemos para corregir esta situación si la cárcel es una escuela del delito".

El funcionario consideró que la sociedad civil debe hacerse responsable también del problema "porque no puede excluir a la persona que sale de la cárcel", aunque admitió que paralelamente el Estado falla en la aplicación de las leyes de los patronatos del liberado.

La localización de penales

El secretario de Derechos Humanos relativizó la polémica generada en torno de la posible construcción de una cárcel -por ejemplo- en la localidad de La Gallareta. "La cárcel no necesariamente es un centro de conflicto" señaló, y puso como ejemplo un centro de detención cercano, la cárcel de Santa Felicia. "Es la excepción al panorama que describíamos antes".

Pochettino recordó que se trata de un penal de mediana seguridad que aloja a detenidos por violación u homicidio, es decir, delitos "pesados". "Sin embargo -comentó- un lugar donde hay espacio, donde hay un trato diferente, un sistema de organización entre el personal del servicio penitenciario y los presos, donde tienen actividades como granjas, bibliotecas, deportes, parece de otro país".

Una condición importante para el funcionario es que los detenidos deben ser de la región, porque uno de los problemas de mayor conflictividad es cuando los reclusos se trasladan de un lugar a otro.

"Me parece que la reacción de la gente es apresurada" sostuvo, en relación al rechazo planteado por las comunidades de La Gallareta o Laguna Paiva. "No todos los días habrá presos que se escapan corriendo por el pueblo. No es así" afirmó.

El funcionario recordó que en la provincia hay unas 5.000 personas privadas de la libertad, 2700 de las cuales están en cárceles "hacinados". Esos 2700 detenidos "deberían tener una superficie igual" a la actual "para estar bajo las normas mínimas que mandan las convenciones internacionales" graficó Pochettino.

Además, hay unos 2200 detenidos en comisarías, "otro gran problema que tenemos" porque los policías "no tienen que estar cuidando presos sino en la calle garantizando seguridad". Este panorama negro se completa con el futuro crecimiento del delito. "No preveo que disminuya rápidamente" reconoció.

Normalizar esta situación, como se observa, es una tarea compleja: se necesita una estructura carcelaria como la actual sólo para garantizar las condiciones adecuadas de detención de los 2700 reclusos referidos.

Pochettino aclaró que la solución no solo pasa por hacer cárceles y que es necesario discutir políticas en la materia. "Sólo así podrá haber entendimiento y no tanto rechazo de la población" concluyó.



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