CRISIS CARCELARIA EN SANTA FE
Coronda: crónica de un estallido anunciado
La masacre más sangrienta en la historia de un penal santafesino volvió a desnudar las falencias del sistema penitenciario provincial y la ausencia de medidas de fondo que tiendan a descomprimir la presión de las cárceles abarrotadas de presos. El peso de una trama compleja de un infierno en la tierra.
Redacción
15/04/2005


El titular de la Dirección General del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe, Fernando Rosúa, había admitido al comienzo de su gestión, que la capacidad de alojamiento del Instituto Correccional Modelo de Coronda estaba desbordada. “Los Pabellones Nº 1, 2, 3, y 4 tienen una capacidad real de 100 plazas de alojamiento cada uno, los que a la fecha y a excepción del pabellón Nº 2 se encuentran sobrepasados” precisó textualmente. “Los Pabellones Nº 7, 8, 9, 10, 11, y 12 –completó- tienen una capacidad de 48 celdas cada uno. En la actualidad alojan una cifra cercana al doble de dicha capacidad, en razón de alojar a (dos) internos en cada una de las celdas”.

Rosúa estimaba ya en aquel momento que “el alojamiento de una mayor cantidad de internos, afectaría no solamente a la estructura edilicia de las mismas (se refiere a Coronda y Santa Fe) y al normal desarrollo de las actividades reeducadoras que persigue la institución, sino también a las medidas de seguridad que se deben tener en cuenta atendiendo a los graves e insalvables problemas de convivencia existentes entre la población penal de Rosario con la de Santa Fe, la que por su magnitud ha derivado en graves conflictos, al punto de que, en muchos casos, se ha cobrado vidas humanas”.

Asimismo se reconocía el incumplimiento de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660), Capítulo III, Normas de trato, que en su Artículo 59 establece: "El número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento...", y en su Artículo 62, textualmente establece que "el alojamiento nocturno del interno, en lo posible, será individual en los establecimientos cerrados y semiabiertos...".

Simplificaciones

La masacre que en forma equivocada desde el punto de vista comunicacional el gobierno provincial centró (¿intencionalmente?) en una pelea de santafesinos y rosarinos, dejó un saldo lamentable de 13 muertos y un estado de peligro latente que puede derivar en más reacciones violentas.

Los trágicos acontecimientos –iniciados en el pabellón Nº 7- revelan que más allá del origen de los presos, prevalece un enfrentamiento de sectores que es real -más grave que la simplificación “santafesinos versus rosarinos”- y que debió ser monitoreado más exhaustivamente.

Y todavía más a fondo, los propios funcionarios reconocen el ingreso de drogas al penal, realidad que no sólo explica los rasgos de esta cacería humana, sino que advierte las falencias en los controles del servicio penitenciario.

La primera consecuencia política luego del motín y tras el shock de los funcionarios del gobierno, ha sido el relevo del director del Instituto Correccional Modelo (U.1) de Coronda, Oscar Daniel Mansilla. El texto de la solicitud de Mansilla, dirigida al director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, dice: "Luego de los luctuosos acontecimientos sucedidos en esta Unidad bajo mi mando y adoptadas las medidas necesarias para iniciar el retorno al normal funcionamiento del Penal, le solicito el relevo en el cargo de director del Instituto Correccional Modelo (U.1), a fin de ponerme a disposición de la Justicia para facilitar la investigación de los hechos y esclarecer lo ocurrido".

La noticia de dio luego del paso del titular del Servicio Penitenciario ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, donde trató de explicar los hechos ocurridos en Coronda. Ahora un legislador –el diputado Gabriel Real (PDP)- solicitó la presencia del Ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Dr. Roberto Rosúa, para que informe sobre los hechos ocurridos, la política carcelaria del gobierno, y la actual situación de la policía provincial.

El futuro

La bomba que se había detectado, estalló. Ahora, el “campo minado” del que habló Fernando Rosúa podría derivar en más explosiones. A pesar de haber tenido la iniciativa de diagnosticar la terrible situación de hacinamiento de los penales locales, el gobierno no trabajó con firmeza en esas zonas grises relativas al estricto control de la conducta de los internos y la incidencia de una serie de factores como las visitas, las historias violencias que tienen su correlato dentro del penal, las presuntas complicidades del personal carcelario, etc.

La construcción de unidades penitenciarias está en marcha y será seguramente un paliativo en el futuro para esta crisis. Sin embargo, el problema es hoy y se evidencian falencias en el manejo de la dinámica interna de los penales que las autoridades pertinentes deberán cambiar con una fuerte decisión política.




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