La fatalidad ha sitiado las calles. La frase se ajusta a un sentido estrictamente literal. Día tras día, la crónica roja da testimonio de nuevas víctimas y heridos de distintas consideraciones que van a agravar el negro panorama de los accidentes de tránsito. La policausalidad del flagelo da cuenta de su complejidad: se habla de negligencia e irresponsabilidad al volante; de los efectos del alcohol en los conductores; de la poca prudencia en la regulación de las velocidades estipuladas; de la ausencia del Estado en la falta de controles sobre la observancia a las normas de seguridad vial y vehiculares, etc.

Lo cierto es que, mientras se buscan respuestas a tantos interrogantes, la muerte no da tregua en las calles y los números así lo grafican: en lo que va del año, la provincia de Santa Fe sigue manteniendo el penoso segundo puesto en la escala nacional. Hasta el 31 de marzo la Asociación Civil Luchemos por la Vida contabilizó unos 157 muertos sobre los 1.783 fallecimientos registrados en todo el país. En el territorio santafesino, uno de los más poblados y con mayor cantidad de vehículos de la Argentina, los muertos superaron incluso a otro de los distritos con mayor cantidad de habitantes como es Córdoba, donde murieron 553. Pero las dos provincias superaron largamente el número de fallecimientos del otro distrito que conforma la Región Centro: el de Entre Ríos, donde se registraron 213 muertos por accidentes de tránsito.

El caso más reciente caso que conmovió a la opinión pública local tuvo lugar el pasado 24 de abril, cuando dos vehículos chocaron frontalmente en la ruta N° 168, a la altura del atracadero de la balsa. Como resultado de la colisión, tres personas, entre ellas dos jóvenes de 19 y 27 años, perdieron la vida. Varias de las víctimas habían quedado atrapadas en el interior de los coches, por lo que fue necesaria la ayuda de máquinas expansoras y cortadoras para liberarlos de la dramática situación. En cuanto a los motivos de la tragedia, el único dato cierto es que, al momento de producirse, caía sobre el sector una intensa lluvia lo que -como es usual- transformó al pavimento en una "jabonosa" pista a la muerte. (Ellitoral.com.ar, edición del 24 de abril de 2005.)

Según las estadísticas de la Policía provincial, en el departamento La Capital ocurrieron -entre 1996 y 2003- 82.850 accidentes de tránsito, en los cuales resultaron lesionadas 18.548 personas y murieron 489 por esta causa. En estos días, se conoció una estadística más, complementaria: en 39 meses, entre enero de 2002 y marzo de 2005, murieron por accidentes de tránsito en el dpto. La Capital, 180 personas. El trabajo, elaborado por la Jefatura de la Unidad Regional I, refleja que se producen 765 siniestros por mes, con casi 200 lesionados entre leves y graves.

La realidad en el contexto nacional

La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad producida por los accidentes de tránsito. Unas 20 personas mueren por día -cerca de 7.000 por año-, y más de 120.000 heridos de distinto grado, además de cuantiosas pérdidas materiales, que se estiman en unos 10.000 millones de dólares anuales, según Luchemos.

La cifra de muertos en nuestro país es significativamente elevada en comparación con los índices de otros países, con relación a su población y número de vehículos circulantes (en la Argentina, se estima, hay unos 6,7 millones de vehículos).

Según estimaciones de organismos oficiales y de ONG's especializadas en la materia, se registran 164 lesionados por siniestros viales por día. Es decir que en lo que va del año aproximadamente suman más de 9.000 los heridos. Lo elocuente es que el 38% de las víctimas fatales de siniestros de tránsito tiene entre 15 y 34 años, y el 52 % corresponde a menores de 44 años.

La inseguridad vial representa además de graves costos sociales un fuerte costo económico en el presupuesto de salud. La OMS estima que este costo material asciende en los países de ingresos medios al 1,5% del PBI. La Superintendencia de Seguros de la Nación señaló que en el período 2001-2002 se pagaron en Argentina 4.282 millones de pesos por siniestros y gastos de liquidación de seguros directos.

A partir de un conjunto de quejas de ciudadanos y ONG's, en las cuales se puso de manifiesto la situación de inseguridad del tránsito y el incremento sostenido de los siniestros viales y de la gravedad de sus consecuencias, la Defensoría del Pueblo de la Nación resolvió iniciar una investigación amplia y exhaustiva sobre esta problemática en Argentina, que contó con la colaboración de 14 ONG's y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud e Instituciones Públicas. La investigación concluyó con la elaboración de un Informe Especial donde se analizaron, más de 130 normas de seguridad vial, investigaciones especializadas, informes estadísticos, además de realizarse diversas rondas de consultas con expertos en la materia. Todo ello describió este crudo un panorama que ha adquirido dimensiones no menos que inconmensurables.

Concienciar y educar

Retomando el cuadro de situación en Santa Fe, la concejala Mirta Ledesma (PJ), coordinadora del Consejo Asesor de Política Integral de Tránsito de la Municipalidad, dijo a un medio local que hay cuestiones prácticas que deben mejorarse para contrarrestar la problemática. Por ejemplo, cuestionó el sistema actual de otorgamiento de las licencias de conducir en Santa Fe: "no se saca en dos o tres horas de cursado" sino que debería hacerse luego de la información otorgada a través de las escuelas."Tendríamos que implementar la capacitación y educación sobre normas viales destinada a los chicos, desde el nivel inicial hasta la universidad". Hizo hincapié en "concientizar y educar sobre seguridad vial, ya que es la única forma en que vamos a tener una sociedad a futuro con una buena conducta y un cambio de actitud hacia el espacio público". (El Litoral, edición vespertina del martes 12 de abril de 2005.)

El agravamiento del flagelo requiere imperiosamente la adopción de políticas efectivas y socialmente comprometidas. Urge la implementación de un plan estratégico con continuidad temporal y sistemas de evaluación de resultados, ajustado en los tres niveles jurisdiccionales (nacional, provincial y municipal), surgido de un debate abierto y consensuado entre todos los actores involucrados. Y en este proceso, será fundamental promover la educación y la prevención como pilares de la preservación de la vida en las calles.