A través de un comunicado de prensa, la Red Comunitaria Antidrogas –con la adhesión de otras entidades intermedias, sociales y educativas– presentó una batería de propuestas para enfrentar, desde políticas de Estado claras y contundentes, el creciente flagelo de la droga en la provincia de Santa Fe. En este sentido, se entregó un petitorio a las autoridades municipales, provinciales y nacionales en el cual se reclaman una extensa serie de medidas desde tres ejes centrales: “la prevención, la asistencia al adicto y la lucha contra el narcotráfico”.

La iniciativa fue impulsada “dado el avance del tráfico y consumo de drogas ilegales, sustancias peligrosas y estupefacientes en nuestros barrios, y previendo las graves consecuencias que en chicos y jóvenes acarrea el consumo del paco, como ya sucede en otras provincias“, destacó la Red. “Estas propuestas deben encender una luz de alarma en todos los estratos sociales, porque la conexión entre drogas y corrupción que se viene denunciando evidentemente hace crecer el tráfico en progresión geométrica, amparado por la impunidad”.

“El extraordinario incremento del tráfico y consumo de drogas no sólo afecta a los jóvenes, sino que hoy también alcanza a los niños, mientras el Estado permanece indiferente, sin siquiera prestar asistencia gratuita a los adictos –que son enfermos, no viciosos– para intentar su recuperación”, enfatiza el comunicado.

“A la responsabilidad del gobierno por la falta de políticas nacionales, provinciales y municipales activas que hagan a la prevención, a la represión del narcotráfico y al tratamiento de las adicciones, se suma la indiferencia ciudadana, tal vez por temor o por creer –erróneamente– que las drogas y la corrupción le son ajenas. Toda la sociedad arriesga su existencia futura cuando sus hijos están en peligro. A algunos la droga ya los mató; otros corren riesgo de morir porque por la droga están dispuestos a matar; otros mueren lentamente en las cárceles y otros quedan con sus capacidades disminuidas. Muchos accidentes se producen también por efecto de las adicciones. No alcanzan las alarmas, ni las rejas, nadie está seguro. La droga es causa principal de la mayoría de los delitos violentos y aberrantes que se cometen en nuestra sociedad y, consecuentemente, potencia la angustiante inseguridad que padecemos”, añade.

Por otra parte, “los negocios de la droga han financiado –y financian– a grupos de poder político, a cambio de protección integral para sus actividades criminales. En este sentido, está más que clara la participación de algunos bancos, fundamentalmente internacionales, que se dedican a ‘reciclar y lavar’ los cuantiosos fondos del narcotráfico y volcarlos al mercado en transacciones aparentemente legales y legítimas, que terminan infectando todo el cuerpo social”, denunció la ONG.

Por todo lo expuesto, la Red Comunitaria Antidrogas “demanda el compromiso y la acción –con hechos y actos concretos– a los tres poderes del Estado; que se plantee como una política continua y permanente la lucha contra la droga, “no importa cuál sea el partido político que circunstancialmente detente el poder, y apelando a la unidad de todas las organizaciones sociales, partidos políticos, iglesias, entidades intermedias y ciudadanos de buena voluntad, para emprender una lucha conjunta contra la droga y la corrupción”.

Las medidas propuestas

Las organizaciones firmantes entienden que los puntos y medidas planteadas “responden a las expectativas de buena fe de una comunidad deseosa de activar políticas de Estado que realmente tiendan a la defensa del bien común”. Con respecto a la lucha contra la corrupción, se peticiona:

-La imprescriptibilidad de las acciones por los delitos de corrupción de funcionario público y agravamiento de las penas por dicho delito. La recompensa monetaria y/o ascenso a quienes denuncien y aporten pruebas;

-El agravamiento de las penas por el delito de enriquecimiento ilícito. Además, el Estado deberá intervenir de oficio en la recuperación de los bienes mal habidos;

-El aumento de las penas máximas para los casos en que los culpables se hubieren desempeñado en las fuerzas de seguridad. Lo mismo para sus superiores políticos;

-El cumplimiento de esas condenas en establecimientos carcelarios comunes, sin excepciones de ninguna especie.

En cuanto a la lucha contra la droga, se propone:

-El decomiso de los medios de transporte involucrado en los delitos de tráfico de drogas (aviones, camiones, lanchas, etc.), aunque figuren a nombre de terceros;

-La obligación de los propietarios y/u ocupantes de campos, por cualquier título, de denunciar la existencia de pistas o lugares aptos para el aterrizaje de cualquier tipo de aeronave. Igual obligación para los inspectores de SENASA y Policía Rural;

-La inmediata implementación de las medidas de protección a imputados y testigos, mediante la instrumentación del procedimiento a seguir y del otorgamiento de recursos económicos y humanos que permitan solventar la aplicación de tales medidas y asesorar u orientar al imputado y/o testigos tanto como a sus familias;

-Establecer importantes recompensas monetarias a quienes con su denuncia y aporte de pruebas permitan la incautación de drogas o sustancias prohibidas en cantidades superiores a las del consumo personal, la detención de distribuidores y/o vendedores y la desarticulación de redes de narcotraficantes. La recompensa será graduada de acuerdo al tipo y a la cantidad de sustancia incautada y su incidencia en la salud del cuerpo social;

-La creación en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de –por lo menos– un Juzgado Federal con competencia material exclusiva sobre estupefacientes.

El Organismo Federal Antidrogas (OFA)

Uno de los puntos salientes del documento es la propuesta de creación de un Organismo Federal Antidrogas (OFA), “que centralice la lucha contra el narcotráfico desde el punto de vista operativo, del cual dependerán todas las fuerzas de seguridad: policías municipales, provinciales y federal, SIDE, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Este Organismo se ocupará de la prevención, la asistencia al adicto y la lucha contra el narcotráfico. En el Directorio estarán incluidos todos los partidos políticos con representación parlamentaria, las Iglesias, las organizaciones de familiares de adictos y las entidades intermedias que hubieren llevado adelante acciones concretas en la lucha contra la droga. Todos los integrantes se desempeñarán ad-honorem y el organismo contará con un sitio Web, espacios periodísticos radiales y televisivos, que facilite la información y difusión de sus actividades”.

El petitorio continúa con las siguientes propuestas:

-La creación de un cuerpo legal anti-mafia, similar al existente en Italia, que permitió el encarcelamiento de jefes mafiosos y funcionarios corruptos;

-La instalación de radares modernos que cubran toda la frontera con Bolivia y Paraguay, para detectar vuelos ilegales;

-La colocación de scanners en todos los aeropuertos y puertos de ultramar para que, conjuntamente con perros entrenados, detecten el tráfico de sustancias ilegales;

-La instalación de controles policiales en puntos fijos y móviles en las rutas provinciales y nacionales, con perros adiestrados para la detección de drogas, con cámaras filmadoras y computadoras que registren los procedimientos;

-El testeo obligatorio de adicciones para los ingresantes y aspirantes a ascensos en las fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales. Igualmente para sus superiores políticos;

-El testeo obligatorio de adicciones previo a la asunción de cargos electivos, sea en el ámbito nacional, provincial o municipal, para que ningún enfermo-adicto pueda regir nuestros destinos;

-La habilitación de lugares fuera del ámbito judicial (efectores de salud y establecimientos escolares), que tendrán por objeto la recepción de datos sobre fabricación, venta y distribución de droga. “Así, las madres con hijos víctimas de la droga y cualquier otra persona, tendrán facilitado el acceso por cercanía y confianza con los asistentes sociales, docentes y operadores de salud que trabajan en sus barrios. El aporte de datos será anónimo, pudiendo realizarse de cualquier modo. Deberá evitarse cualquier indicio que revele la identidad de la persona que aporte el dato, que deberá ser remitido de forma inmediata a la autoridad de aplicación, a fin de que ésta eleve la información al órgano judicial”;

-La prohibición de venta en kioscos de psicofármacos y cualquier otro medicamento;

-La reglamentación de la venta de pegamentos, nafta y otros inhalantes;

-El control real y reglamentación en la comercialización de los insumos necesarios para la fabricación de cocaína (precursores químicos).

Prevención y tratamiento

Párrafo aparte merecieron los aspectos vinculados con la prevención y asistencia de la drogadicción. En este sentido, el documento apunta a:

-La reestructuración urgente de los Institutos para Menores en conflicto con la ley penal, para que sean decorosos y dignos, ubicados en las principales ciudades del país, con atención psicológica y médica efectiva, que permita a los internos superar sus adicciones y problemas, donde simultáneamente se les enseñen oficios que posibiliten su reinserción social;

-La urgente creación de Institutos terapéuticos oficiales y gratuitos de rehabilitación para drogadependientes, mayores y menores, que no puedan pagar los similares privados;

-La creación de escuelas de doble escolaridad que favorezcan el desarrollo integral de los niños, en especial de quienes sufren las consecuencias de la pobreza;

-La organización por parte de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, de actividades deportivas y recreativas que favorezcan el desarrollo artístico en general (música, plástica, artesanal, etc.), para que los niños y jóvenes –en especial de los barrios marginados– tengan oportunidades de crecimiento sano en su tiempo libre;

-La incorporación del tema adicciones y tipos de drogas en los contenidos curriculares de la educación primaria y secundaria. Campañas de concientización en escuelas, en forma sistemática y permanente a cargo de organismos oficiales (Ministerio de Salud-Ministerio de Educación);

-La recuperación del rol del Ministerio de Salud en la prevención de las adicciones, así como el establecimiento de una clara política de salud mental que tienda a la reinserción social del adicto;

-La habilitación de un número telefónico (dependiente del Ministerio de Salud) para atender las urgencias al cual puedan comunicarse docentes, asistentes sociales y particulares en casos de imposibilidad de contención de niños, niñas o adolescentes, con prblemas de droga;

-La promoción en los centros de salud barriales de foros de salud con amplia participación de la comunidad, donde el tema adicciones esté presente sistemáticamente;

-Campañas de difusión por todos los medios para que no se tiren a la basura medicamentos de ningún tipo, ya que muchas veces son consumidos por quienes trabajan con los residuos urbanos;

-La generación de espacios radiales y televisivos dedicados a la información y prevención de las adicciones, en especial dentro de todos los programas deportivos;

-Políticas municipales y provinciales activas hacia la niñez y juventud en barrios marginados, que hagan a la prevención de las adicciones tales como plazas con juegos, mantenidas por vecinos del barrio que perciban un sueldo, bajo la coordinación y control de un responsable por barrio o zona geográfica; huertas en terrenos baldíos, donde la Municipalidad se haga cargo de la infraestructura (alambrado, herramientas, semillas, etc.), y de los sueldos de los encargados de los grupos de chicos y jóvenes que trabajen en la misma, creando un sistema de comercialización similar al Programa de “Agricultura Urbana” de Rosario, en colaboración con el Pro-huerta del INTA; canchas de fútbol en terrenos baldíos, construidas y mantenidas por la municipalidad, con profesores de educación física designados en cada una; la recuperación de los clubes barriales, que deberán ser subvencionados por la municipalidad o la provincia, para realizar actividades deportivas y recreativas, todos los días.

“Los ciudadanos que hemos conformado esta Red en continuo crecimiento, exigimos a las autoridades que efectivicen éstas y otras medidas, cumpliendo el rol para el cual fueron elegidas, protejan a niños y jóvenes de las adicciones y a todos los ciudadanos de la inseguridad”, concluye el comunicado que lleva la firma de la Red Comunitaria Anti-Drogas, la Asamblea Barrial de Guadalupe, la Asociación Civil Anticorrupción, la Asociación Manzanas Solidarias, la Cáritas Guadalupe, el Comedor “Caritas Limpias”, concejales de varios partidos políticos, las Escuelas Nº 21, Nº 38, Nº 43, Nº 655 y Nº 880, las Madres en Lucha contra la Droga, la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral.