EL DRAMA DE NUESTROS DÍAS
Voluntad política para cumplir las leyes, una buena parte de la solución a la problemática de la inseguridad vial en Santa Fe
En términos generales, el marco legal es apropiado. Falta decisión política para hacer efectivos los controles con más inversión en las áreas específicas. Tres ejemplos: la mayoría de los municipios y comunas no posee juzgados de faltas; la provincia posee 24 inspectores para todo el territorio; y persiste la ausencia de una fuerza pública que atienda específicamente esta emergencia.
Por Lic. Exequiel Kay
Redacción El Santafesino
17/02/2007

La muerte de más de 3.000 personas y casi 80.000 heridos en siete años en la provincia de Santa Fe (entre 1999 y 2005), con las pérdidas económicas que esto conlleva, es suficiente argumento para adoptar medidas urgentes tanto desde la perspectiva de la seguridad vial como de una visión más global de cambio de conductas sociales en todos ámbitos, con políticas públicas que atiendan la salud, la educación, el trabajo, las condiciones urbanas, el medioambiente y el involucramiento de la sociedad civil en las decisiones del Estado.
Fuente: Archivo

Apremiado por las escalofriantes estadísticas sobre muertos y heridos por siniestros viales, el gobierno provincial llamó a una mesa técnica de seguridad vial a instancias de la Mesa de Diálogo Santafesino que integran organizaciones intermedias de la ciudad de Santa Fe.

A pesar del alto grado de responsabilidad ciudadana en la problemática, la presión se vuelca sobre las autoridades, en particular de la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, para que -según el humor de la sociedad- "controlen", "multen", "cumplan las leyes", en definitiva, "hagan algo" para detener la pérdida de vidas humanas en calles y rutas de la provincia.

Está claro que esto no se resuelve mañana y que, más allá de las espasmódicas reacciones oficiales (aunque también de la parálisis de ciertos estamentos), la problemática exige políticas de Estado que se apliquen en el tiempo al margen de los colores político-partidarios. Este concepto, que sólo poseen quienes analizan la realidad de manera profunda e integral, volvió a surgir entre especialistas y -muy escaso sector del periodismo- después de conocerse el anuncio de la puesta en marcha de un sistema de puntajes para revertir la inseguridad vial en Buenos Aires.

Es decir, la adopción de modelos exitosos en países que llegaron a ello luego de un proceso largo que incluyó múltiples acciones. En Argentina, pasamos del descontrol social -con responsabilidades gubernamentales y ciudadanas- a un sistema de puntaje para las licencias de conducir, como parte de un "megaplan" que propone "quitarles el registro a los conductores si repiten infracciones, hacer más fotomultas y encarecer las sanciones".

En la ciudad de Santa Fe, una de las capitales del caos vial, autoridades de la Subsecretaría de Transporte convocaron a representantes técnicos de las comunas de Monte Vera, Sauce Viejo, Arroyo Leyes, San José del Rincón y las municipalidades de Recreo, Santa Fe y Santo Tomé, como distritos del Área Metropolitana.

La idea pergeñada por el Ing. Miguel Latorre, titular de la repartición provincial dependiente del Ministerio de la Producción, consiste en un espacio donde se coordinen acciones conjuntas de corto, mediano y largo plazo, partiendo de una premisa de que se trata de una problemática de compleja resolución.

En medio de una situación de verdadera emergencia, la intención inicial se circunscribió a la ciudad de Santa Fe, pero luego decidió ampliarse a todo el Gran Santa Fe. Participaron los representantes técnicos de todas las comunas y municipios, salvo de la Municipalidad de Santa Fe, ciudad que sólo tuvo su voz a través de la Directora del Tribunal de Faltas, Noemí Maxit.

Inspectores, directores de tránsito, jueces, junto a los representantes de Transporte, analizaron la situación en cada uno de los distritos mencionados, convencidos de que surgirán desde este espacio objetivos comunes, pero también metas que deberán cumplir cada uno de ellos en sus localidades.

En términos generales, según explicó a El Santafesino el coordinador del Programa Sistema de Tránsito y Seguridad Vial de la Subsecretaría de Transporte, Téc. Marcelo Duquez, "las preocupaciones manifiestas tienen que ver con las rutas que atraviesa a los ejidos urbanos, como por ejemplo Recreo, Monte Vera, Sauce Viejo, Rincón y Arroyo Leyes, con las rutas 11, 1 y 2".

A esta inquietud atendible de los representantes comunales y municipales, Duquez añadió la visión de la problemática puertas adentro. "Qué pasa dentro de cada jurisdicción con las conductas de los usuarios que después se extrapolan cuando vienen a una ciudad grande como Santa Fe. Si en un pueblo, los vecinos no respetan el estacionamiento como es debido, trasladan eso cuando vienen a Santa Fe" graficó.

El especialista advirtió que en la mayoría de los casos, los accidentes que se producen en rutas, "tienen una generación urbana", puesto que -por ejemplo- un control de alcoholemia puede evitar que un grupo de jóvenes que disfruta de una salida nocturna en una localidad vecina, retorne a su pueblo conduciendo por la ruta bajo los efectos del alcohol.

Duquez reconoció que la problemática "amerita el compromiso de todos los sectores de la sociedad, pero también de todos los sectores de la administración pública". Por eso, serán efectivas las medidas que se adopten desde cada distrito, bajo las leyes imperantes de los órdenes nacional y provincial, de acuerdo a las pautas emanadas desde una autoridad central en la materia que hoy no existe.

También advirtió que muchas localidades "no tienen juzgados de faltas, con lo cual tampoco tienen inspectores, o si tienen inspectores no se dedican al tránsito sino a cuestiones administrativas generales". Duquez aclaró, que la función del juzgado de faltas, no es únicamente juzgar faltas del tránsito, sino de todo el contexto social de una comunidad. Dato no menor, teniendo en cuenta que este problema requiere de un nuevo modelo social, de un cambio de relaciones humanas, que atempere -por ejemplo- la violencia que se refleja directa o indirectamente en el tránsito vehicular.

Qué hacer

En primera instancia, esta mesa técnica convocada, deberá adoptar decisiones propias, al margen de responder a las inquietudes de la Mesa del Diálogo. "Hay un divorcio entre aquello que dice la ley, y lo que nosotros entendemos como ley, que amerita un estudio interdisciplinario con el respaldo de las universidades en Santa Fe", adelantó Duquez.

Desde nuestra óptica, la búsqueda de soluciones conjuntas entre todos los actores es válida, nunca tarde para poner en marcha. Sin embargo, sostenemos que las actuales autoridades de cada jurisdicción, a nivel provincial, municipal y comunal, deben y pueden adoptar medidas ya, con las herramientas que poseen.

Una buena parte del camino ha sido trazado por el Comité de Accidentes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Los médicos advirtieron a fines de 2006, que "la educación y la publicidad no reducen en forma sostenible los choques mortales y los traumatismos graves (...) No es razonable edificar un plan de seguridad vial que sólo contemple redactar normas, dar clases de educación vial y hacer publicidad, evitando definir quién realizará los controles" (diario El Litoral 30-12-2006).

Respecto de las sugerencias para mejorar la seguridad vial, propusieron "jerarquizar las medidas y comenzar por controlar el cumplimiento de aquellas que tienen mayor impacto en la disminución del número de lesionados viales". A saber, intensificar los controles en uso de casco por parte de todos los motociclistas, uso de cinturón de seguridad, transporte de menores en el asiento trasero, respeto de las velocidades máximas, no consumo de alcohol, y construcción de ciclovías. E insistieron con una medida concreta: los controles de tránsito deben estar a cargo de una policía de tránsito que actúe en ciudades y caminos.

De nuestra parte, sumamos algunas consideraciones que consideramos válidas:

- Las autoridades comunales y municipales deben explicitar su compromiso con la seguridad vial, como una manera concreta de defender a sus ciudadanos. No es un ejemplo en ese sentido, que la Municipalidad de Santa Fe no haya enviado ningún funcionario o encargado del área de Tránsito a la referida mesa técnica; o que las comunas -por ejemplo- aún tengan pendiente la señalización de sus calles y el estudio serio del sentido de las mismas, la apertura de caminos para tránsito pesado o la ausencia de sitios para su estacionamiento.

- En el caso de la ciudad de Santa Fe, la asimetría de criterios para establecer controles de tránsito en la zona céntrica, incluida la afectación de agentes a relevar los ticket de estacionamiento medido, y la casi nula presencia en puntos neurálgicos del tránsito vehicular en la ciudad como avenidas troncales, caso Blas Parera, donde los siniestros son frecuentes. Un estudio básico podría deducir cuáles son los puntos críticos (¿serán más de veinte?) y disponer allí operativos de tránsito especiales a diario.

- Establecer un mecanismo más centralizado para el otorgamiento de la licencia de conducir. En el país hay 2.200 centros de otorgamiento de permisos, con lo cual cualquier política integral es de difícil aplicación ante semejante fragmentación del sistema. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de la Nación, al reclamar la declaración de la emergencia vial, solicitó la creación de una autoridad vial a nivel nacional que dependa directamente del Presidente de la Nación.

- Incrementar por parte del estado provincial, el presupuesto destinado a seguridad vial, que permita controles eficientes mediante cuerpos de inspectores, policías de tránsito o la fuerza pública que se considere apropiada (¿rejerarquizar una policía caminera, por ejemplo?) para desempeño de tareas en las rutas nacionales y provinciales.

De cualquier manera, la muerte de más de 3.000 personas y casi 80.000 heridos en siete años en la provincia de Santa Fe (entre 1999 y 2005), con las pérdidas económicas que esto conlleva, es suficiente argumento para adoptar medidas urgentes tanto desde la perspectiva de la seguridad vial como de una visión más global de cambio de conductas sociales en todos ámbitos, con políticas públicas que atiendan la salud, la educación, el trabajo, las condiciones urbanas, el medioambiente y el involucramiento de la sociedad civil en las decisiones del Estado.




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