Patrocinadas por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), las asociaciones Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad, la Cooperativa de Trabajo y el Sindicato de Prensa de Neuquén presentaron una acción de amparo contra la provincia de Neuquén para que se le ordene al Poder Ejecutivo provincial entregar información sobre los fondos destinados a pautas publicitarias.

En el marco del trabajo conjunto que realizan sobre la utilización de la publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión y la calidad informativa en la provincia, solicitaron el año pasado datos sobre la inversión publicitaria efectuada en el año 2005 y el primer semestre de 2006 a los distintos poderes del estado.

Los pedidos incluyeron, entre otros puntos, los montos gastados, los medios de comunicación que recibieron pauta, las campañas publicitarias efectuadas y los criterios de asignación utilizados para elegir los medios. Fueron cursados distintos pedidos a la Secretaría General de la Gobernación, a la Secretaría de Estado de Información, al Ministerio de la Producción y Turismo, a la Secretaría de Deportes, a la Dirección de Lotería y Quiniela, al Banco de la Provincia de Neuquén, a la Agencia de Turismo, a la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable, al Tribunal Superior de Justicia, a la Legislatura y a la Municipalidad de Neuquén

La Secretaría General de la Gobernación indicó que la información solicitada no corresponde a su ámbito de competencia y confirmó que el área que centralizaba el dinero para las pautas es la Secretaría de Estado de Comunicación.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia, a través de su oficina de prensa, informó que durante el ejercicio 2005, gastó 5.161 pesos en publicidad en medios gráficos, y 190.368 pesos en el primer semestre de 2006.

La acción de amparo presentada por las organizaciones se interpuso como consecuencia directa de la violación del derecho constitucional de acceso a la información. Dicho derecho se desprende en forma implícita de los artículos 1 y 14 de la Constitución Nacional y en forma explícita de su artículo 75 inciso 22, que incorpora diversos documentos internacionales de derechos humanos que lo reconocen como fundamental (la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos).

Es preciso aclarar que, en Neuquén no existe una ley que reglamente el acceso a la información, mientras que este derecho es una precondición de todo sistema democrático de gobierno y está íntimamente relacionado con dos de los principios distintivos del sistema republicano de gobierno: la publicidad de los actos gubernamentales y la transparencia de la administración.

Para estas organizaciones es importante contar con estos datos ya que la publicidad oficial está directamente vinculada con la libertad de expresión. En efecto, las presiones ejercidas mediante la distribución de la pauta del Estado pueden constituir una violación directa a la libertad de expresión prohibidas por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y la forma de controlar su manejo es pidiendo información vinculada a dicha práctica.

A fines de 2005, la ADC publicó el informe “Una Censura Sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina” que documenta como operan las presiones a través de la pauta estatal en el ámbito nacional y en cuatro provincias, entre las que se encuentra Neuquén. Allí se indicó que con su enorme presupuesto de publicidad, prácticas discriminatorias y uso de organismos privados para controlar el contenido editorial aún de los medios de menor tamaño el gobierno provincial de Neuquén exhibe el uso más articulado y extremo de publicidad con fines políticos.

El amparo quedó radicado en el Juzgado Civil Nº 4 de Neuquén a cargo de la Dra. Julia B. Buisson de Bagio, con el expediente Nº 349552.