PELIGRO MEDIOAMBIENTAL
Papeleras: el revés de la trama
La crónica diaria de la tensa relación entre la Argentina y Uruguay acerca del conflicto de las plantas de celulosa en Fray Bentos, relega a un segundo plano la discusión sobre la problemática de fondo. Transferencia de industrias contaminantes a los países del Cono Sur, extranjerización y monocultivismo de la tierra, etc., abren interrogantes sobre la soberanía, el medioambiente y el desarrollo vital de nuestros pueblos.
Por Luciano Andreychuk
Redacción El Santafesino

La resistencia de la comunidad de Gauleguaychú (y de todo entre Ríos), organizada y movilizada por las asambleas ambientalistas, que ha decidido levantarse y resistir a la continuidad de los trabajos de la megafábrica de Botnia, ha mantenido la atención sobre el conflicto que involucra a países hermanos.
Fuente: www.noalapapelera.com.ar

“Cada papel grueso, con rebordes dorados y relieves en colores que rodea un regalito suntuario en Oslo o Copenhague, tiene la lágrima de una mamá del Tercer Mundo cuyo hijo contrajo leucemia por los venenos de las plantas de celulosa”. Un ciudadano entrerriano.

El conflicto diplomático entre los gobiernos de la Argentina y Uruguay por la construcción de dos plantas de celulosa en Fray Bentos ocupa los espacios más destacados de la prensa capitalina. Mientras que por sobre la superficie del acontecer diario discurren ininterrumpidamente una cadena seriada de desencuentros, acusaciones y rupturas políticas, queda relegado el debate de fondo: peligro medioambiental, monocultivismo indiscriminado, extranjerización de la tierra y traslado de industrias contaminantes desde el Viejo Continente a los países más pobres del Tercer Mundo.

El caso tiene su génesis en 2002, cuando el gobierno uruguayo de Battle aprobó las propuestas de radicación de dos empresas multinacionales dedicadas a la fabricación de pasta celulósica, Botnia (finlandesa) y Ence (española), sobre la costa oriental del río Uruguay, cerca de la ciudad Fray Bentos (Uruguay) y frente a las ciudades de Gualeguaychú y Colón (Argentina). El convenio firmado por el Uruguay abría una instancia propicia de desarrollo y reactivación económica, pues comprometía a las empresas en cuestión a realizar una inversión multimillonaria sin precedentes en la historia del hermano país, generando más de mil puestos de trabajo directos (y 8 mil indirectos) en el transcurso de los dos primeros años de funcionamiento.

Durante el proceso tecnológico de decoloración de la pasta de celulosa –una de las fases de producción–, se utilizan componentes químicos extremadamente agresivos. Hay tres métodos reconocidos para separar la celulosa de la lignina en la madera: a) con cloro elemental, que es la más nociva (existe en varios países, inclusive en el nuestro, pero las fábricas que lo emplean son de dimensiones relativamente pequeñas); b) con dióxido de cloro (tecnología ECF) sistema que va a utilizar Botnia –es apenas 20% menos contaminante que la anterior, y está aceptada en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes–, y c) libre de todo tipo de cloro (tecnología TCF), que es la forma ideal, la más cara pero la única con niveles mínimos de contaminación (de hecho, Greenpeace lanzó en 1993 la campaña mundial Chlorine Free, que se vale de blanqueadores alternativos tales como oxígeno y peróxido de hidrógeno).

La producción a gran escala de celulosa requerirá de un sistema de siembra de eucaliptos (Botnia ocupará más de 80 manzanas de extensión). La pulpa resultante del procesamiento técnico es oscura, y los residuos de los materiales desechados durante el proceso de blanqueamiento pueden liberar dioxinas y furanos, altamente dañinos para el sistema inmunológico, provocando en un tiempo no muy prolongado problemas cancerígenos, reproductivos, afecciones en lactantes y niños, etc. Todo ello sin dejar de mencionar el violento impacto de estos agentes tóxicos en el agua, el aire y la tierra, y la destrucción de diversos ecosistemas.

Interminables hectáreas de sembradíos de eucaliptos impondrían un sistema monocultivista permanente, con sus brutales consecuencias para las pequeñas plantaciones agrícolas y la disminución de las propiedades renovables de la tierra (algo similar a lo que sucede en la provincia de Santa Fe con el cultivo de soja). Y la actividad directa e indirecta del turismo ecológico sería aniquilada, con las consecuentes pérdidas de invaluables patrimonios naturales.

Este es el cuadro que ha desatado una dura confrontación de intereses. De un lado, el gobierno argentino reclama a su par uruguayo impedir la contaminación del río Uruguay y sus afluentes (recurriendo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por actitudes violatorias al Estatuto el Río Uruguay de 1975, sin recurrir a un tribunal de Mercosur), y lo hace responsable del posible daño al medioambiente de la zona.

Por su parte, el gobierno oriental impulsa un proyecto multimillonario con la excusa de paliar el grave problema de la falta de empleo que padece el país, anteponiendo los beneficios económicos por sobre las consecuencias humanas y medioambientales. Y en el medio de la puja, la resistencia –con métodos cuya legitimidad merecería un análisis aparte– de la comunidad de Gauleguaychú (y de todo entre Ríos), organizada y movilizada por las asambleas ambientalistas, que ha decidido levantarse y resistir a la continuidad de los trabajos de la megafábrica de Botnia, en una muestra de compromiso social y medioambiental sin precedentes, que debe apreciarse como una novedosa experiencia de madurez colectiva frente a la defensa de intereses comunes. Pero queda otra lectura del conflicto.

Transferencia de industrias contaminantes y extranjerización de los recursos naturales

Lo que ocurre con las papeleras de Fray Bentos debe ser pensado en el marco de un esquema mundial de transnacionalización de la economía global, dentro del cual las multinacionales europeas y norteamericanas trasladan sus infraestructuras y operaciones a los países del Tercer Mundo, por varios motivos.

Primero, el endurecimiento de las restricciones normativas desde los gobiernos centrales del Primer Mundo que pesan sobre la empresas dedicadas a la producción industrial de insumos cuyo procesos técnicos demandan el uso de sustancias contaminantes (tal es el caso de Botnia y Ence), y que hacen que éstas deban trasladar sus infraestructuras industriales a los países pobres para responder a las demandas hiperconsumistas de los países desarrollados.

Un ejemplo sobre esto último: “el 15 de Noviembre de 1990, EE.UU. sancionó la Ley N° 101-549, enmienda a la llamada Acta del Aire Limpio, cuyo objetivo era disminuir el grado de contaminación que los procesos industriales y químicos producían en aquel país. La normativa exigía que no pocas industrias, fábricas o emprendimientos norteamericanos reconvirtieran sus tecnologías o procesos para adaptarlos a las prescripciones de la ley, que en la mayoría de los casos obligaba a inversiones de miles de millones de dólares”.

“Antes que renunciar a su agresiva matriz industrial, las empresas optaron por trasladar los asientos territoriales de las mismas a los países periféricos, donde los controles son menos estrictos, la legislación y las condiciones políticas más permisivas, con grandes exenciones impositivas, sin evaluaciones de impacto ambiental y con subsidios encubiertos a cargo de toda la comunidad” (Mascheroni, Ricardo, “Soberanía, desarrollo industrial y calidad de vida”, nota publicada en www.elsantafesino.com).

Segundo, el abaratamiento de costos de producción y de consumo energético, la disponibilidad de agua dulce en abundancia, una amplia espacialidad horizontal, materias primas y mano de obra barata, y ausencia de una legislación local destinada a la protección del medioambiente y la diversidad biológica. “Entre Ríos es una de las provincias con la mayor debilidad y flexibilidad legislativa ambiental con relación a la gran mayoría de las provincias argentinas. (...) No se dispone de una Ley Ambiental y sobre Sustentabilidad que complemente y otorgue una identidad propia a una política provincial, por lo tanto inexistente. Este es el único caso en el país. (...) Entre Ríos no dispone de una Legislación sobre Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, y menos aún de protección de su Diversidad Biológica y cultural, como lo demanda la Constitución Nacional (artículo 41) y la nueva legislación ambiental nacional” (Daneri, Jorge Oscar, “La cuestión ambiental en Entre Ríos. La necesaria transición hacia la sustentabilidad”, informe publicado en www.noalapapelera.com.ar).

Tercero, el criterio condescendiente de los gobiernos periféricos del Tercer Mundo que, incapacitados de dar respuestas con recursos políticos propios a la grave problemática del desempleo y la desocupación, aceptan cabeza gacha los “espejitos de colores” que les venden los grandes gerenciadores de la economía transnacional: promesas de industrialización del país, reactivación económica y crecimiento sostenido, obras de infraestructura y ganancias que volverán a la comunidad y engrosarán el capital social, miles de puestos de empleo, etc. Castillos de naipes construidos sobre la falaz promesa del “pan y trabajo para hoy, hambre para mañana”. El traslado de industrias contaminantes a países del Tercer Mundo responde, en parte, a este esquema global.

Las consecuencias, en mayor o menor medida y en base a experiencias anteriores, son casi siempre negativas para los pueblos latinoamericanos: graves daños humanos, al medioambiente y a diversidad biológica, extranjerización de tierras y de recursos naturales invaluables que en el mundo comienzan a escasear, y una pérdida de las representaciones socioculturales basadas en la identidad, la pertenencia y la soberanía nacional.

El desenlace final del conflicto diplomático por la construcción de las papeleras parece estar cubierto por un manto de incertidumbre. Recientemente, un informe del Banco Mundial (que financia las obras de una de las papeleras) dio la razón a los dos países en conflicto. El documento estableció que Uruguay y las papeleras deben dar más información a la Argentina, pero también afirmó que “las plantas no causarán ninguna catástrofe ecológica” (Diario Clarín, 12/04/06). Las instancias pasan, pero la solución del conflicto sigue aún muy lejos. Un hecho es irrevocablemente cierto: las fábricas se construirán definitivamente. El desafío estará en lograr que, a fuerza de buen criterio, entendimiento político y compromiso social por sobre la puja de intereses económicos, las consecuencias sociales y medioambientales sean mínimas. La vida y la diversidad de nuestra naturaleza, la soberanía nacional sobre el patrimonio de recursos naturales y el desarrollo vital de las nuevas generaciones –sin más, el futuro de nuestros pueblos– están en juego.




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